México.- Un grupo de desplazados por violencia de Guerrero que se instalaron desde el domingo en Palacio Nacional, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, de quien no recibieron respuesta a su demanda de regresar a sus pueblos en condiciones de seguridad.
Manuel Olivares, dirigente de los desplazados, dijo que la reunión con Encinas duró 40 minutos, sin embargo, y “desgraciadamente no nos dio ninguna esperanza. No tienen un plan, una propuesta para generar condiciones para el retorno de la gente”. Refirió que a lo que se comprometió Encinas fue a gestionar una audiencia con el presidente.
Adelantó "estaremos aquí hasta que allá respuesta, esperamos que el presidente tenga la disposición de ordenarle a quien tenga que ordenarle, que atienda y que resuelva este problema, no es posible que un grupo delincuencial controle y usurpe las labores que le corresponden al gobierno".
El director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, informó que el encuentro con el presidente podría ser “la única opción para que las familias puedan regresar a sus lugares de origen o reubicadas, en el caso de los indígenas de Tlaltempanapa que no quieren volver a su pueblo, en donde está asentado un grupo criminal”.
Olivares Hernández dijo que el desplazamiento que han sufrido estas familias es consecuencia de la lucha que mantienen los grupos de la delincuencia organizada en su afán de controlar el territorio, pues ese control genera diversos beneficios: ruta de trasiego de drogas, áreas de cultivo, mano de obra e intervenir en las empresas mineras que cuentan con concesiones en la región.
Los desplazados son principalmente de ocho comunidades de la sierra de Leonardo Bravo: Filo de Caballos, Los morros, Carrizal, La escalera, Ranchito, Puentecillas, Corralitos y Campo de Aviación, donde comenzó el desplazamiento forzado desde el 11 de noviembre del año pasado.
También llegaron víctimas de la violencia de Tlaltempanapla, una comunidad de Zitlala en La Montaña, que fue obligada a huir desde el 4 de noviembre.
Entre las peticiones, está el repliegue de los grupos armados que ocupan a las comunidades y que las familias. También la instalación de un perímetro de seguridad en los límites de los municipios General Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
De igual forma solicitan se retome por el gobierno federal el control de la seguridad pública en la carretera de Casa Verde a Corralitos y Polixtepec. Y que a las familias se les repare todo lo que han perdido, desde las gallinas hasta cualquier pertenencia.
Con información de El Sur