México.- Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo, dirigentes de la Policía Comunitaria en Guerrero, fueron detenidos arbitrariamente en 2015. Los acusan de secuestrar a cuatro personas en diferentes hechos, sin embargo, estos "secuestros" fueron detenciones de personas que habían cometido delitos en sus comunidades.

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Eliseo dirigía la Casa de Justicia de Juchitán al momento de su detención. Luego, fue trasladado al Centro de Readaptación Federal de Villa Aldama en Veracruz, donde fue víctima de tortura, que le ocasionó problemas en la vista y en la columna vertebral.

Horas después, a la coordinadora Adelaida la detuvieron, torturaron y hostigaron sexualmente.

Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo. Foto: Centro Prodh

"Trampa política" para detenerlos

En conferencia de prensa, la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) aseguraron que ambos policías comunitarios fueron criminalizados luego de haber detenido a Noé Marroquín, presunto narcotraficante protegido por las autoridades municipales.

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Narro cuenta que desde 2015, la policía comunitaria detectó un incremento de delincuencia organizada en la zona, por lo que comenzaron a detener a personas relacionadas con dicha actividad, pero "estos grupos contaban con el aval de las policías y el Ejército, incluso".

Las organizaciones sostuvieron que no eran acciones de secuestro, por las que están acusados, sino que detenían a personas por diferentes delitos, mismas que eran trasladadas a las casas de Justicia, dónde implementan acciones correctivas. En caso de ser delitos del fuero federal, las mismas policías comunitarias, entregan a los detenidos a las autoridades del estado.  

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Comisión de Derechos humanos y peticiones

Durante la conferencia de prensa, las organizaciones informaron que el 18 de junio, saldrá una Misión de Observación a los Derechos Humanos de los policías comunitarios, Adelaida y Eliseo, que será encabezada por el senador José Narro y Fray Julián Cruzalta, con dirección al Cereso de Chilpancingo, donde ambos están injustamente internos.

Ante ese contexto, solicitaron al gobierno mexicano la liberación de los policías; realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos; y el cese a la criminalización de policías comunitarios.

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