México.- Damnificados del edificio Osa Mayor, en la Colonia Doctores, afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 denunciaron que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) les cobrará el 35 por ciento del costo de su nuevo departamento.

No obstante, señalaron que aún no conocen el costo de la obra y el monto que les corresponderá tomar como deuda, ello a pesar de que ya está siendo realizada por la constructora Dici S.A. de C.V.

En voz de Adriana Lemus solicitaron que la deuda que se les pretende imponer "por no tener de otra" les sea eliminada, de la misma manera que en otros casos la reconstrucción no ha generado ese tipo de compromisos para los afectados.

"De los 100 metros que mide el departamento 65 no nos lo van a cobrar, nos van a cobrar los 35 metros restantes y sobre esos 35 metros se van hacer los contratos de crédito."

Adriana Lemus, damnificada.

Las vecinas detallaron que inicialmente les dijeron que el metro cuadrado tendría un costo de 10 mil a 12 mil pesos pero la constructora señala que es de 25 mil pesos.

Es decir, la deuda que contraerían pasaría de 350 mil pesos a casi un millón de pesos, sin embargo, su incertidumbre reside en que no han fijado cantidades de manera formal.

Además de esa, otras irregularidades que manifestó Jaqueline Carmona es que les están cobrando el predial y el agua, aunque el gobierno capitalino aprobó que por la situación que viven no se les cobrarían esos servicios, además de que no existen medidores en el caso del agua.

Otra de las quejas expresada por Leticia Rosales es que aunque han tenido mayor atención del Comité de Reconstrucción, no tienen una ventanilla especial para reconstrucción y la tramitología se ha vuelto otro sismo para ellos dado que varios vecinos son discapacitados o personas de la tercera edad.

En ese sentido, pidieron que se elimine la figura de "deudor solidario", pues afectaría a sobre todo a las personas de la tercera edad.

El nuevo edificio contará con 60 departamentos, cuatro más de los que tenía, cuya entrega se pasó a enero de 2020 tras fijarla a septiembre de 2019.