México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Puebla por un caso de violencia obstétrica en contra de una adolescente náhuatl de 16 años derivado de una falta de atención ginecológica.
El incidente ocurrió en el Hospital General de Cuetzalan de la Secretaría de Salud de Puebla donde debido a la falta de atención, el feto sin vida permaneció en el vientre de su madre más de 48 horas.
El 22 de septiembre de 2017, a la paciente se le pidió comprar un medicamento para la inducción del parto porque no estaba disponible en el hospital, por el que pasó 150 pesos; dos días después un médico particular le practicó un ultrasonido por el que pagó 500 pesos tras presentar un cuadro de dolor generalizado y que confirmó la muerte fetal intrauterina.
La paciente fue trasladada de emergencia al hospital, pero por ser domingo no había ginecólogo ni especialista para atenderla, luego de su hospitalización con suero y sin alimento por dos días, se le intervino para extraer el feto el martes 26 de septiembre, siendo dada de alta el 29 de septiembre.
La Recomendación 81/2018 india que con las acciones se vulneró el derecho a la protección de la salud e interés superior de la niñez, además de incurrir en omisiones de protocolo clínico y una inadecuada atención médica.
La CNDH indicó que en el expediente clínico de la paciente en algunas constancias no se registró ni la hora ni la fecha o el nombre del personal médico que la atendió, además se encontró una deficiente integración del partograma.
La falta de vigilancia del trabajo de parto contribuyó a que no se advirtieran las anomalías presentes como la “dilatación estacionaria y fase prolongada”, lo cual incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad materna.
El gobierno poblano deberá brindar atención médica y psicológica de forma gratuita a la afectada “hasta que las personas agraviadas alcancen sus total sanación psíquica y emocional”, además de enviar las constancias que acrediten el cumplimiento de los puntos recomendatorios.
La CNDH presentará una queja ante la Secretaría de la Contraloría poblana para que inicie un procedimiento administrativo de investigación contra el personal médico involucrado, además de recomendar al gobierno estatal la restitución y reparación de los daños y perjuicios a los afectados.