México.- Se cumplen seis años en reclusión para Yarold Christian Leyte Quintanar, acusado del atroz asesinato de María Teresa González González en la ciudad de Veracruz. Su caso es descrito por la organización no gubernamental canadiense En Vero, como “uno de los más emblemáticos de fabricación de culpables en México”.

La versión asentada en la investigación dice que para no pagar 30 mil pesos al banco “Compartamos”, Yarold asesinó el 28 de febrero de 2012 en el interior de su casa, a María Teresa González González. Cruzó la calle arrastrando el cuerpo de la empleada de la compañía, hasta la vivienda abandonada frente a la suya en el fraccionamiento Valle Alto de Veracruz.

Tal fue la confesión de Yarold obtenida el 14 de marzo de 2012 en una hora que no fue consignada en el expediente; el mismo documento establece que en 20 minutos se le practicó un examen médico y se inspeccionó su hogar para recoger evidencias.

Peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) y un perito independiente, documentaron inconsistencias entre la confesión de Yarold y las pruebas recabadas en la investigación. Entre ellas, la inexistencia de un rastro de sangre entre ambas casas; y la declaración del gerente del banco, donde consta que Yarold Christian nunca fue cliente de la institución.

El caso pasó del Ministerio Público a la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz; luego, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación y finalmente, a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en la resolución más reciente dictada por el Tribunal Colegiado a principios de 2018, la sentencia de 32 años y seis meses en prisión para Leyte Quintanar, dictada en 2015, sigue en pie.

Aunque el acusado señaló en 2012 que tanto él como su esposa, fueron torturados por elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), para la obtención de la confesión, es hasta ahora que se ordena investigar respecto a los señalamientos.

Giuliana Rojas, integrante de En Vero considera que es un avance que el Tribunal Colegiado haya ordenado “dar vista” al Ministerio Público sobre la tortura, pero afirma que no es buena señal que quien atienda la denuncia sea la misma institución encargada de la investigación contra Yarold. La tortura debe ser investigada por un órgano imparcial, dice, “no sólo para asegurar que la investigación sea llevada a cabo con ecuanimidad e independencia, sino también para que no quepa duda acerca de sus resultados”.

La abogada de la organización canadiense afirma que aún quedan recursos para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Tampoco descartamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añade.

La madre de Yarold, mientras tanto, dice: