Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad de Guerrero en 2014, fue detenido el pasado 27 de octubre acusado de tener vínculos con el crimen organizado, relacionados con el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas.
El jueves pasado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez fue detenido en Tepic, Nayarit, acusado de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en el caso Ayotzinapa.
Tras su detención, el ex secretario de Seguridad de Guerrero fue trasladado al penal del Altiplano y esta orden de aprehensión es una de las 83 que solicitó la UEILCA en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes en agosto pasado.
¿Quién es Leonardo Octavio Vázquez Pérez en el caso Ayotzinapa?
Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Guerrero cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, era teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retirado cuando se incorporó como servidor de la entidad.
Primero fue subsecretario de Prevención y Operación Judicial y en enero del 2014 fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, por el entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero.
Desde ese año hubo reportes de su posible relación con grupos criminales pues apareció una manda acusándolo de tener vínculos con Guerrero Unidos.
E incluso, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de este grupo, declaró en 2014 que su organización le entregó 300 mil dólares al entonces Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y a Vázquez Pérez.
Sobre el caso Ayotzinapa, Leonardo Octavio dijo en octubre de 2014, que el día de la desaparición de los normalistas tuvo conocimiento de un enfrentamiento y una balacera en Iguala, y que su única orden fue proteger y custodiar a los lesionados en el Hospital General.
Fue tras investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con Omar Gómez Trejo aún, que se pidió su orden de aprehensión.
De las 83 órdenes de aprehensión, aunque 21 fueron canceladas por la FGR, siguen pendientes las de Iñaki Blanco, procurador de Guerrero en 2014, y la de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Lambertina Galeana Marín.
Así como dos funcionarios más del Tribunal acusados de desaparecer videos de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en el Palacio de Justicia, donde algunos normalistas fueron desaparecidos.
Lo último del caso Ayotzinapa
La detención de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ocurrió luego de que Alejandro Encinas reconoció que parte de las pruebas que presentó en el informe del 18 de agosto sobre Ayotzinapa, están “invalidadas”.
El subsecretario Encinas reconoció que capturas de pantalla incluidas en el informe fueron desechadas porque “no tienen elementos suficientes para acreditarse”.
Esto fue confirmado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes el 31 de octubre revelaron que no se pudo comprobar la autenticidad de gran parte de las capturas de pantalla.
Lo anterior es importante porque en el informe que Alejandro Encinas presentó, como presidente de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, se toman en cuenta decenas de capturas de pantalla, así como otras pruebas, para concluir que los 43 normalistas habrían sido asesinados.
Sin embargo, el GIEI dijo que no se pueden considerar estas capturas pues está en duda su veracidad, pero resaltó que esto no ha sido integrado a la investigación penal que realiza la FGR, por lo que las detenciones y procesos no están en riesgo por dichas imágenes.
Omar Gómez Trejo defiende su investigación por el caso Ayotzinapa
Los últimos meses se han revelado bastantes situaciones respecto al caso Ayotzinapa. Se podría decir que todo comenzó el 18 de agosto pasado, cuando Alejandro Encinas presentó un informe realizado por la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa.
En este informe, Encinas dijo que Ayotzinapa “fue un crimen de Estado” y que todo indicaba que los 43 fueron asesinados, además, que los responsables serían integrantes de Guerrero Unidos, en colusión con policías municipales y autoridades de todos los niveles, incluidos militares.
Ese mismo día, la UEILCA informó que había obtenido 83 órdenes de aprehensión contra posibles implicados en la desaparición de los 43, incluidos 21 militares. Y al día siguiente fue cuando ocurrió la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam, hasta hoy preso.
Sin embargo, días después se informó que la FGR presionó para la detención de Murillo Karam sin conocimiento de la Unidad a cargo de Omar Gómez Trejo, a quien además le retiraron a sus policías de investigación y se les quitó las carpetas del caso.
Todo esto ocasionó la renuncia de Omar Gómez Trejo y su equipo a la FGR, que también notificó sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83 que había obtenido la UEILCA.
Ahora, hay un nuevo fiscal para Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra que aunque se ha comprometido con la investigación, las familias de los 43 tienen dudas sobre su posible actuación por la falta de conocimiento.
En medio de este contexto es que Omar Gómez Trejo apareció públicamente en Estados Unidos, por primera vez desde su renuncia y para defender su trabajo en México.
Dijo que la desaparición de los estudiantes fue resultado de la lucha por el control regional del crimen organizado, vinculado con el Ejército mexicano y que gracias a la colaboración de fiscales de Estados Unidos, documentaron la colusión de éstos.
“Realmente entendemos por qué la desaparición de los estudiantes tenía una fuerte vinculación con el crimen organizado: utilizaron este hecho como una forma de control de la región. Giramos 83 órdenes de aprehensión y entre ellas al menos 20 miembros del Ejército mexicano”.
Omar Gómez Trejo