El exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue vinculado a proceso este miércoles 8 de junio por asociación delictiva y peculado.
Tras una audiencia que sobrepasó las 12 hora, el juez de Control Humberto Chávez Allende le dictó a César Duarte la medida cautelar de prisión preventiva por un año, a solicitud de la Fiscalía.
El juzgador le dio un plazo de 6 meses al ministerio público para concluir la investigación contra César Duarte, quien es acusado por el presunto desvío de más de 96 millones de pesos del erario, mientras fue gobernador de Chihuahua.
César Duarte permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 8 de diciembre
Asimismo, el Juez de Control fijó para el próximo 8 de diciembre la siguiente audiencia de César Duarte. En tanto, el exgobernador permanecerá recluido en el Cereso Estatal 1 de Aquiles Serdán, en Chihuahua.
Previo a ello, la defensa de César Duarte intentó que se desestimara la acusación, afirmando que el ministerio público no ha logrado comprobar el crecimiento patrimonial del exgobernador.
También, pidieron desestimar las declaraciones de ocho los testigos contra César Duarte, afirmando que lo habrían hecho bajo amenazas o incluso, mediante actos de tortura.
César Duarte: ¿Cómo habría desviado más de 96 mdp?
Durante la exposición de antecedentes del caso, realizada en tres audiencias previas a la vinculación a proceso, se estableció que César Duarte habría desviado un total de 96 millones 685 mil 253 pesos.
Esto habría sucedido entre los años 2011 y 2014, mientras César Duarte se desempeñaba como gobernador de Chihuahua, y con la complicidad de varios funcionarios y personas ajenas al servicio público.
Los más de 96 millones de pesos, cuyo destino debían ser exclusivamente a fines públicos, fueron dirigidos a dos entidades financieras que tenían una vinculación estrecha con César Duarte:
- La asociación Unión Ganadera División del Norte
- La SOFOM Financiera División del Norte
Los desvíos, según se expuso, se habrían realizado a través de 17 pagos, mediante la simulación de 11 procedimientos administrativos, como convenios y contratos para la entrega de apoyos y subsidios.
Los argumentos presentados del Ministerio Público se basan en la versión de testigos, quienes identificaron al exdiputado federal Carlos Hermosillo, muerto hace cinco años en un accidente automovilístico, como clave en los desvíos.