El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, recibió una denuncia por el desvío millonario de recursos durante su gestión en el estado de Campeche.
El dirigente priista es señalado por el legislador Miguel Prado, de la bancada de Morena, quien se desempeña como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la espera de las acciones pertinentes por parte de la autoridad.
Alejandro Moreno recibe denuncia por presunto desvío de recursos durante su gestión en Campeche
Alejandro Moreno recibió una denuncia ante la FGR por el presunto desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su gestión como gobernador del estado de Campeche.
Asimismo, el dirigente del PRI es señalado por cometer tráfico de influencias, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la denuncia, Alejandro Moreno habría cometido los delitos durante el periodo como mandatario estatal de Campeche, de septiembre de 2015 a junio de 2019.
En el documento se señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó inspecciones que arrojaron al menos 92 irregularidades en el manejo de recursos públicos estatales, puntualmente en el sector salud, y en el pago de nóminas.
El dirigente priista es acusado de incrementar su patrimonio personal y familiar, pues habría adquirido propiedades que no corresponden a los ingresos declarados ante las autoridades tributarias.
Denuncia contra Alejandro Moreno solicita bloqueo de cuentas e inhabilitación de cargos públicos
El diputado Miguel Prado acusa que el posible daño a la Hacienda Pública Federal podría ascender a al menos 3 mil 941 millones de pesos.
Por tal motivo, se solicita a la FGR haga las investigaciones por estos hechos, así como se establezca las sanciones pertinentes contra Alejandro Moreno, tales como el embargo de sus bienes y bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar.
Asimismo, se solicitó la inhabilitación del priista por un periodo de hasta 20 años para ocupar cualquier cargo público.
