Tras la filtración de diversos audios en los que presuntamente se le exhibe, Alejandro Moreno contraatacó al difundir un audio del que afirma, muestra una operación en su contra.

Ante la filtración de los audios de políticos, como los relacionados con Alejandro Moreno, las partes involucradas han afirmado que se tratan de actos presuntamente ilegales.

Sin embargo, alrededor de la filtración de audios de políticos, como es el del caso del líder nacional del PRI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tiene establecido un proceder.

SCJN

SCJN definió que filtrar audios no implica una violación

En 2013, la SCJN analizó el tema de la filtración de materiales como el caso de los audios y de los videos, no solo cuando se trate de personalidades de la vida pública nacional.

Basado en el artículo 16 de la Constitución, relacionado con la reserva de comunicaciones privadas, la SCJN estableció que el “levantamiento secreto” de un audio o video, no es una violación.

“El levantamiento secreto para uno de los participantes en la comunicación no se considera una violación a este derecho fundamental”

SCJN

Por ello, contrario a lo que han acusado algunos políticos involucrados en la filtración de audios, la SCJN definió que el hecho no se trata de un acto que implique una acción ilegal.

Filtrar audios sí podría implicar un acto ilegal en ciertos casos: SCJN

Pese a lo anterior, la SCJN también estableció que la filtración de audios, sí puede implicar “una violación al derecho a la intimidad” dado las condiciones en las que ocurrió el hecho.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la filtración de materiales relacionados con comunicaciones, puede ser ilegal dependiendo del contenido de la conversación.

Además, la SCJN sentenció que solo quienes forman parte de las conversaciones, cuentan con el derecho de filtrarlas, por lo que se tratan de actos ilegales cuando una autoridad ajena lo hace.

La resolución de la SCJN se emitió al considerar que los participantes de una conversación, son dueños de la misma y tiene la capacidad y el derecho a disponer de su contenido.

El Gobierno podrá revisar llamadas y mensajes de texto. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro