La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Santiago Creel, diputado del PAN, y a Ricardo Anaya acusados de participar en una red financiera de empresas factureras.
Un reportaje de Contralínea reveló que Santiago Creel, su hijo Santiago Creel Garza-Ríos y Ricardo Anaya son investigados por participar supuestamente en una red financiera de empresas factureras.
Santiago Creel y Ricardo Anaya involucrados con empresas factureras
Según la investigación, la FGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) han identificado 36 empresas factureras, la mayoría ubicadas en Zapopan, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dichas empresas factureras utilizan seis despachos de abogados, como representantes legales, para triangular millones de pesos de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas.
Entre los beneficiarios estarían Santiago Creel y su hijo, quienes han recibido recursos millonarios de despachos y empresas identificadas como factureras por las propias autoridades.
Santiago Creel habría recibido más de 80 millones de pesos, entre 2015 y 2021, de la nómina del despacho Suma de Capacidades SC, creada por él y con la cual mantiene una relación de sociedad.
Y su hijo Santiago Creel Garza Ríos, recibió transferencias de 43 millones de pesos entre 2016 y 2018, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras.
Mientras Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, recibió 4.1 millones de pesos, también del despacho Suma de Capacidades.
El reportaje destaca que Santiago Creel fue asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya, quien también está siendo investigado por recibir sobornos para aprobar la Reforma Energética.
Santiago Creel rechaza recibir recursos de factureras
Santiago Creel aseguró a Contralínea que no tiene conocimiento de que él y su hijo están siendo investigados por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
También negó que los despachos de abogados con los que tienen vínculos hayan recibido recursos de empresas factureras.
Miguel Badillo, el autor del reportaje, explicó que la investigación revela cómo los narcotraficantes contratan a despachos de abogados para evadir el fisco y crear empresas para el lavado de dinero.
Con información de Contralínea