La Unidad especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, ha citado a 44 militares a declarar, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha transparentado las declaraciones.
De los 44 militares citados, sólo 30 integrantes del Ejército se han presentado a declarar, y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a esclarecer los hechos, la FGR no ha actuado de acuerdo con lo dictado por el Ejecutivo.
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Esto dista de la postura que en el sexenio de Peña Nieto la entonces PGR adoptó, pues entonces el Instituto Nacional de Transparencia le exigió la elaboración de una versión pública del expediente.
Esto porque el caso Ayotzinapa constituye una violación grave a los derechos humanos.
FGR oculta información de caso Ayotzinapa pese a que ya hay versiones públicas de los hechos
La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero a ocultado información de las declaraciones de los militares, a pesar de que ya se han entregado versiones públicas del caso Ayotzinapa.
Las versiones públicas entregadas en años anteriores sí muestran las primeras declaraciones hechas por miembros del Ejército Mexicano.
La FGR entregó 239 hojas con amplias zonas borradas de las declaraciones del personal militar que podría contener información de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La información se entregó por obligación de la Ley de Transparencia, pero se presentó con las declaraciones ilegibles.
De acuerdo con El Universal, hay hojas en las que sólo hay dos palabras sin tachar, o dónde sólo se pueden leer frases como
- Después
- No recuerdo
- No recuerdo bien
- 26 de septiembre
Además, en las páginas que no están tan censuradas, se pueden leer párrafos completos donde no se proporciona información que pueda dar a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
FGR no permite el avance del esclarecimiento del caso Ayotzinapa
Santiago Aguirre, director del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que la FGR no permite el avance del esclarecimiento, a pesar del esfuerzo de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa.
Aguirre asegura que la FGR mantiene “inercias del pasado” que no permiten el avance, mientras que el Ejército no muestra una disposición real de cooperar.
Por otra parte, aseguró que el tema de las versiones púbicas de las investigaciones en proceso es discutible en términos de transparencia pues cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos se debe garantizar el acceso a la información.
“Debería evitarse en lo posible testar hasta el punto de que se tornen ilegibles las declaraciones”
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh
A 7 años, las investigaciones apuntan ca la participación del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Por su parte, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, asegura que no hay voluntad por parte del gobierno de investigar a los militares.
Asimismo, aseguró que hay testigos que aseguran que al menos 25 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados al 27 Batallón de Infantería en Iguala.
FGR no quiere transparentar declaraciones de militares
La FGR parece no querer trasparentar las declaraciones de los militares que pudieron participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la codirectora de Tojil, organización especializada en litigio estratégico en contra de la corrupción y la impunidad, Estefanía Medina, la Fiscalía busca evitar que la ciudadanía revise la actuación institucional.
En contraste, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) compartió una versión pública del caso Ayotzinapa.
Además, digitalizó cerca de 54 mil fojas de la investigación y se publicó en internet la llamada “verdad histórica”.
La FGR asegura en la verdad histórica que se quemó a los estudiantes en el basurero de Cocula; sin embargo, esa noche hubo lluvias moderadas, lo que habría complicado la presunta quema.
Por otra parte, se descubrió que fueron sembrados por la autoridad 41 casquillos percudidos, hecho que marcó la descalificación de los supuestos acontecimientos narrados por la fiscalía.
Con información de El Universal