México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, debe explicar qué lo motivó a iniciar la persecución política contra los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Así lo consideró el investigador Juan Martínez, miembro de la comunidad científica y del Conacyt, luego de que la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra científicos, investigadores y exfuncionarios por diversos delitos.
“En este caso, lo que el fiscal (Gertz Manero) debe explicar es qué lo motivó, por qué lo está haciendo porque, en caso de que los jueces sigan rechazando su solicitud, lo estaríamos interpretando como una persecución política, lo que es muy preocupante en una democracia”.
Investigador Juan Martínez
Juan Martínez es un investigador dedicado al estudio de la ecología, conservación de especies endémicas, y en peligro de extinción, principalmente en islas mexicanas.
Forma parte del Instituto de Ecología, que es uno de los 26 Centros Públicos de Investigación adscritos al Conacyt.
Si juez niega órdenes de aprehensión contra investigadores del Conacyt, no existen pruebas
En entrevista con SDPnoticias, Juan Martínez refirió que el hecho de que jueces estén negando de manera definitiva las órdenes de aprehensión, indica que no existen pruebas contra los 31 investigadores del Conacyt.
“Si se les va a acusar es porque hay pruebas conforme a derecho y respecto al tamaño de las acusaciones, pero que los jueces lo están negando es de preocupación porque se están solicitando órdenes de aprehensión sin sustento”.
Investigador Juan Martínez
El investigador dijo que afortunadamente los jueces han valorado que no existen elementos para detener a sus 31 colegas, pero en caso de que sucediera, se estaría hablando de una dictadura.
“El Poder Judicial está actuando con prudencia y mesura pero si sucediera, estaríamos pensando en una dictadura tipo Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde a cualquier que no le guste al sistema se le acusa”, señaló el experto en ecología y miembro de la comunidad científica y del Conacyt.
Preocupa a investigadores acusaciones de la FGR
Al enterarse de la nueva solicitud de la FGR contra los 31 investigadores, integrantes de la comunidad científica, incluído Juan Martínez, quedaron consternados por la gravedad de las acusaciones.
Preocupados por la magnitud de la situación, la solicitud es que se respeten los derechos humanos de sus colegas, el debido proceso y se siga el principio de legalidad.
La FGR, a cargo de Gertz Manero, busca la aprehensión de científicos y exfuncionarios del Conacyt por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la acusación, las y los científicos acusados del Conacyt realizaron malos manejos de dinero por 244 millones de pesos destinados para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico entre 2013 y 2018.
Sin embargo, este caso fue resuelto por la SCJN, quien determinó que no había ninguna situación irregular porque así era como estaba el Conacyt estructurado, y declaró al caso como sobreseído.
En este sentido, Juan Martínez destacó que, con base en su experiencia, todos los proyectos que pasaron por el Foro eran auditados por las autoridades federales, por lo que el mismo gobierno tenía la capacidad de revisar la legalidad de los recursos.
Las órdenes de aprehensión que hoy, 22 de septiembre, un juez negó de forma definitiva a la FGR, fueron el segundo intento de la dependencia de llevar a prisión a científicos, académicos y exfuncionarios del Conacyt.
Presupuesto a la ciencia se debe atender
El investigador del Instituto de Ecología dijo que así como la persecución política contra los 31 investigadores, también es necesario atender el presupuesto federal destinado a la ciencia.
“En estos últimos años, con la actual administración, lo que vemos es una mengua en el presupuesto dedicado a la investigación, [a pesar de que] la ciencia es una actividad importante para el desarrollo de los países”.
Investigador Juan Martínez
En la conferencia mañanera del 22 de septiembre, el presidente AMLO informó de un presupuesto del 7% en términos reales y confirmó los procesos penales actuales contra investigadores del Conacyt.