El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo el 18 de marzo su su última sesión antes de extinguirse, en la cual tomó una polémica decisión.
Y es que en lo que sería el último día de existencia del INAI, los comisionados tomaron una decisión que involucra una compensación para los trabajadores de este organismo.
Entre los argumentos presentados para su polémica decisión, argumentaron irregularidades, así como injusticias que no hacían viable otorgar una indemnización por renuncia voluntaria a los trabajadores del INAI.
INAI toma polémica decisión con trabajadores durante su última sesión antes de extinguirse
En el marco de la última sesión previo a la extinción del organismo, los comisionados del INAI tomaron una polémica decisión en torno a sus trabajadores.
Y es que por mayoría de votos rechazaron una petición que fue ingresada por los trabajadores del INAI, para que les fuera otorgada una indemnización económica si presentaban su renuncia voluntaria.





De manera puntual, las comisionadas del INAI:
- Julieta del Río
- Blanca Lilia Ibarra
- Josefina Román
votaron en contra de otorgar 162 millones de pesos para que fueran destinados al pago de compensaciones económicas por renuncias voluntarias.
Esto pese a que el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien presentó la iniciativa, insistió en la importancia de que los trabajadores recibieran una compensación.

Rechazo de compensación a trabajadores fue por irregularidades, acusó magistrada del INAI
En una turbulenta última sesión del INAI, la comisionada Julieta del Río aseveró que su rechazo a la propuesta que otorgaba una compensación a trabajadores fue por irregularidades.
Acusó que el proyecto les fue presentado sólo instantes antes de realizar la última sesión, por lo que no existió un análisis a fondo de este.
La comisionada Julieta del Río señaló que esta decisión podría perjudicar a los trabajadores del INAI, por lo que optó, junto a sus compañeras, respetar la transición a la Secretaría Anticorrupción.
Esto debido a que, de acuerdo con lo planteado por el gobierno federal, los trabajadores que permanezcan conservarán sus derechos laborales, mientras que aquellos que no continúen deberán ser indemnizados conforme a lo estipulado en la ley.
Adicional, Josefina Román acusó que la renuncia voluntaria era una violación a los derechos de los trabajadores, pues podrían recibir un monto muchísimo menor al que les corresponde por ser despedidos.
