El Instituto Nacional Electoral (INE) ordena a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no hablar sobre la consulta de revocación de mandato.
Luego de que el pasado sábado 2 de abril, Adán Augusto López fuera captado en un evento con simpatizantes de Morena promoviendo la revocación de mandato, el INE dictó una serie de medidas cautelares contra el funcionario.
En tanto al mal uso de recursos públicos por parte de Adán Augusto López para promover la consulta de revocación de mandato, al presuntamente viajar en una aeronave de la Guardia Nacional, el INE omitió pronunciarse al respecto.
Lo anterior debido a que se trata de una facultad de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Quiénes son los funcionarios a los que el INE ordenó no hablar sobre la revocación de mandato?
De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, las sanciones también incluyen a otros 10 integrantes del gabinete federal, entre los que se encuentran senadores, gobernadores, como:
- La secretaria de Energía, Rocío Nahle
- La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto
- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier
- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja
- El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio
- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo
- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
- El secretario de Seguridad del gobernador de Veracruz, Hugo Gutiérrez
- El senador de Morena, Armando Guadiana
- El presidente de Morena, Mario Delgado.
Las medidas cautelares emitidas por el INE se realizan para recordar a los funcionarios que tienen prohibido intervenir y promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El INE dictaminó un plazo máximo de tres horas, una vez que los funcionarios sean notificados para que estos eliminen las publicaciones en redes sociales donde promovieron estos mítines masivos.
Aunado a esto, el órgano electoral concedió una tutela preventiva en la que les ordenan que “en todo momento ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”.
Es decir, se recalca a los funcionario públicos la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato.