En las dos entregas anteriores nos hemos esforzado por argumentar que el espionaje es parte de la integración informativa, una materia prima base para desarrollar el llamado ciclo de inteligencia, puede ser ilegal para uso represivo, criminal, o constitucional y democráticamente practicado para preservar la soberanía nacional, un orden jurídico democrático y la seguridad de los nacionales.
Son cuatro los factores gravitantes que lo determinan: i) el marco jurídico y reglamentario que prescribe toda la actividad de inteligencia (incluyendo el uso de recursos tecnológicos y financieros); ii) los mecanismos de control, supervisión y fiscalización (legislativo, judicial y ciudadano); iii) la cultura de inteligencia predominante (nivel de institucionalización, profesionalización, ética del servicio, asimilación y praxis de valores democráticos, inteligencia de Estado vinculada al respeto de los Derechos Humanos, independencia del poder público) en la cual se forma a los agentes y directivos; y iv) colaboración e independencia ante organismos nacionales pares para resguardo de la soberanía en la materia.
Los servicios de inteligencia, al igual que la organización y operación de los cuerpos armados del Estado, particularmente las policías, tienen una muy clara y cercana semejanza con el régimen político, con la vía de acceso y la forma de ejercicio cotidiano del poder, se parecen mucho, son parte de un mismo mecanismo de poder público, no se parecen con el sistema político formal-constitucional que sobre todo en los países latinoamericanos constituye mucho más una formalidad jurídica que una realidad, comparado con el primero, que predomina efectivamente.
Por ello, mismo, es el régimen político, o el cambio de régimen, el que tiene la posibilidad de transformar dicha función de Estado (la inteligencia) en conjunción con las instituciones que la involucran, la comunidad de especialistas, estudiosos e interesados en la materia, y la ciudadanía en general a partir de dotarla con la información necesaria, introduciendo modificaciones de distinto orden, sobre todo cuando se produce un cambio de fase en la vida pública de un país, como ha sucedido en los procesos de transición democrática en Sudamérica y aún en Centroamérica. El régimen actual nos debe dicha reforma en México.
En nuestro país se ha practicado por décadas un tipo de inteligencia política violatoria de las garantías individuales previstas en la Constitución Política debido a la plena identificación entre aparato de inteligencia de Estado (civil, policial y militar) con el régimen político autoritario, centralizado y excluyente en vigor durante todo el siglo XX (con momentos históricos particulares de relajamiento), factor de identidad que sobrevivió a la alternancia partidista en el poder del Estado (2000-2012). Durante todo ese tiempo, nuestro proceso de transición a la democracia ha sido tortuoso y accidentado, con retrocesos y episodios represivos dramáticos cíclicamente reiterados. Las “coartadas del régimen” han sido diversas: “la amenaza del comunismo”, “las guerrillas castristas”, “los enemigos de la revolución”, “la subversión” y “el combate al narcotráfico”.
Una característica central de la “inteligencia de gobierno”, autoritaria y represiva en favor de la preservación criminal del régimen político, es la fusión de los intereses de un bloque hegemónico de fuerzas socio-políticas e ideológicas, con las actividades de la inteligencia de Estado. Todo el subcontinente latinoamericano ha sido una inmensa geografía experimental al respecto durante el siglo XX y durante la primera década del siglo XXI, en la cual (grosso modo) arrancan los procesos de reforma a esta función de Estado (la inteligencia), como praxis del régimen político más allá de cualquier prescripción en contrario que pudiera existir formalmente. Las “doctrinas externas” que han impulsado la inteligencia política autoritaria y criminal que se han sucedido, y convergieron con los impulsos criminógenos de los regímenes despóticos latinoamericanos, son tres: doctrina francesa de la guerra revolucionaria o doctrina antisubversiva, la doctrina de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas, tanto clásica (durante la “guerra fría” y en las guerras de “baja intensidad”) como renovada a partir de los enfoques innovadores de la antropología social estadounidense aplicada a la lucha contra el crimen transnacional organizado, y la Doctrina Bush de “lucha global contra el terrorismo”, que integra en un solo cuerpo doctrinario los movimientos izquierdistas armados, el yihadismo fundamentalista combatiente y el narco-terrorismo. En todos los casos se articularon con los autoritarismos represivos nacionales.
De todo lo anterior se ha nutrido la inteligencia política autoritaria y el crimen de Estado en Latinoamérica y el Caribe. En alguna importante medida también en México. En círculos mediáticos en México les fascina recrearse con la curiosidad de ver qué personajes públicos, líderes y hasta de la farándula han sido sujetos de un espionaje ilegal que debe ser sancionado, en lugar de discutir el fondo del asunto, lo que ha hecho posible dichos procesos: la identificación de los aparatos de inteligencia con un régimen despótico y criminal, que es quien provee la información, los datos y hechos, los equipos técnicos, los agentes operadores, los recursos financieros.
El caso de “los Maléficos”, es decir, el espionaje criminal a 207 personas durante el anterior gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, personajes “políticamente expuestos” encabezados por el actual Presidente de la República y su esposa, y que obviamente violenta el precepto constitucional de respeto a las garantías individuales, a los Derechos Humanos; lo mismo en el caso de impacto internacional provocado por el uso del equipo tecnológicamente avanzado en el “Pegasus Project” (software de espionaje telefónico) creado por la empresa israelí NSO Group, investigación realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, sobre espionaje realizado mediante intervenciones telefónicas ilegales a más de 15,000 números telefónicos. ¿Quién se quedó con toda la información recabada y qué usos se le está dando? No puede ser que no se tomen cartas decisivas en este tema, pude pasar de unas manos criminales a otras y a otras.
El gobierno de México, usó dichos dispositivos (Pegasus) a través del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como herramienta de inteligencia política de perfil autoritario y criminal porque el hecho partió de la sola voluntad presidencial (EPN) sin cuya autorización no se habría producido, porque además se pagó el alto costo de los equipos. Sólo él podía autorizar.
El Presidente AMLO declaró que para evitar este tipo de hechos, se “eliminó el CISEN”. Un cambio legal de nombre NO implica eliminar un aparato de inteligencia civil que funciona con el 99% de sus mismos servidores públicos, con una cultura de inteligencia de servicio al régimen político, acostumbrados a prácticas oscuras, que funcionaron 30 años como “burocracia dorada”, sin una coma de cambio en el marco jurídico constitucional de su función, sin reglamento operativo, sin un Estatuto Laboral renovado, con cacicazgos directivos de 15, 20 y 25 años en sus funciones, aunque con habilidades y capacidades técnicas adquiridas para la realización del trabajo encomendado, sin duda alguna. No basta con girar instrucciones directivas distintas, en algunos casos. Incluso hubo un retroceso importante: pasó a ser Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pero adscrito a una Secretaria de Seguridad Pública, lo que es absolutamente erróneo, sin que allí el servidor público tuviera formación en Seguridad Pública, salvo contactos no sistemáticos. Hablo de estructuras no de personas. Es necesario como en la experiencia internacional reformar toda la función para adecuarla a las necesidades interno-externas (lucha contra el crimen transnacional, fronteras seguras, relaciones bilaterales e internacionales) y características de las tendencias de cambio en México.
La reforma a la SEDENA ha sido de carácter administrativa y operativa, algo similar sucedió en la Armada de México, no sabemos que haya alcanzado los servicios de inteligencia. El Secretario de Relaciones Exteriores conduce las negociaciones con el titular del Home Land Security de EUA sin tener una oficina de inteligencia propia y sin ser parte del Gabinete de Seguridad (por la información de fuentes abiertas que circula en la prensa nacional). Hoy es el responsable, lo que no es usual, eso corresponde al ministro o secretario de Seguridad Nacional. El secretario de Relaciones Exteriores coadyuva o acompaña, pero ¿sustituir a los responsables internos, en dónde? El Secretario de Justicia de EUA vino a confirmar los acuerdos con el Fiscal General en México, Alejandro Gertz Manero, en su reciente visita a Washington. Pero no estuvo presente en la reunión. Lo que el gobierno mexicano exhibe es un nivel de interlocución difuso, disgregado, que la presencia del Presidente AMLO trató de relativizar dando máxima interlocución a la reunión. La Iniciativa Mérida estaba muerta desde hace varios años, hay una nueva etapa de cooperación. Veremos los resultados en la situación predominante en México. Hay operativos a gran escala, de carácter regional para detener a “El Mencho”, AMLO sabe que necesita un golpe efectista y espectacular. No lo ha tenido.
Todo indica que el gobierno nacional actual no quiere saber nada sobre una reforma al servicio de la inteligencia del Estado mexicano, quebrando así un canon establecido en la región latinoamericana, además de un principio de racionalidad política, de acompañar un cambio de régimen o el fin de una forma de gobierno, como fueron las dictaduras militares, o países con problemas de “guerras asimétricas” que firman la paz, con una reforma amplia y de fondo a la función de inteligencia. Los casos latinoamericanos se multiplican. México está a la zaga.
Esta reforma podría dar en México legalidad y legitimidad a la inteligencia política regulada, supervisada y fiscalizada democráticamente, una inteligencia política no autoritaria y no represiva para consolidar un modelo democrático, constitucional, plural, descentralizado, inclusivo y federal, con el cambio constitucional respectivo, en las leyes secundarias del caso, y acorde al cambio de régimen, como se hizo en Argentina, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, etc.
Se están tomando medidas importantes de justicia transicional (la última Comisión de la Verdad de Tlatelolco 68), pero no para la situación actual (la amnistía para presos con ciertos atributos de culpabilidad y sanción penal, y para el caso de los “crímenes del pasado”), sin duda son reclamos históricos y parte del gran pasivo político de los regímenes anteriores, pero como medidas emergentes conforme a la coyuntura (la fecha luctuosa del 2 de octubre o del crimen de Ayotzinapa), NO como parte de un proceso reformista en el conjunto de los medios e instrumentos del Estado.
¿Qué 4T-4R puede ser sin transformar el aparato, la constitucionalidad de la inteligencia de Estado que ha sido la base, el punto de partida, de esos crímenes del pasado remoto y del reciente? ¿Qué es lo que no se atreve a encarar ahora o quiere posponer el Presidente?, ¿la Memoria Histórica que involucra “los fusilamientos”, “las desapariciones” nunca aclaradas, los “vuelos de la muerte”, la “tortura masiva documentada”, la represión masiva también en términos de la doctrina contrainsurgente cuando se cortaban las líneas de abastecimiento en la costa chica y la costa grande a la guerrilla en Guerrero? En algún momento se tendrá que hacer, ahora o después. Guatemala ya lo hizo al igual que muchos países más con grandes pasivos políticos con su sociedad nacional.