Loretta Ortiz, integrante del Consejo de la Judicatura Federal será quien sustituya a Julio Scherer en la Consejería Jurídica de Presidencia.
La salida de Julio Scherer a unas horas del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio por supuestas “diferencias con figuras relevantes de la Cuarta Transformación”.
En menos de una semana, el gabinete del presidente sumó un segundo movimiento en su gabinete, pues Olga Sánchez Cordero fue reemplazada por Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación.
Loretta Ortiz buscó ser ministra en la SCJN
Loreta Ortiz buscó en dos ocasiones un puesto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin conseguirlo.
La jurista cercana al presidente AMLO no logró llegar a la SCJN en su primer intento. Su candidatura fue rechazada por su cercanía con Morena, partido fundado por el mandatario en 2014.
En su segundo intento, su candidatura volvió a ser rechazada porque ya se encontraba en proceso para ser consejera de la Judicatura, cargo que ostenta actualmente.
Loretta Ortiz fue diputada federal de 2012 a 2015 y se unió a la bancada de Morena en cuanto obtuvo el registro.
Julio Scherer se perfila para ministro de la SCJN
Julio Scherer, quien renunciara a su cargo como Consejero Jurídico de la Presidencia, se perfila ahora para ser ministro de la SCJN.
Para poder ser candidato a ministro, se requiere no ejercer en ningún cargo público por al menos un año; el próximo espacio que se abre en la SCJN es en diciembre.
En dicho mes termina el periodo del ministro Fernando Franco González Salas y en ese mismo mes será elegido el siguiente ministro.
Sin embargo, el siguiente periodo de sucesión comienza en marzo de 2022, tiempo en el que Julio Scherer sería propuesto.
Julio Scherer, una de las personas más cercanas a AMLO dentro de su gabinete fue responsable de defender las principales obras y reformas impulsadas por el gobierno federal ante el Poder Judicial.
Con su salida, deja pendiente la resolución del decreto presidencial para liberar a los presos con más de 10 años sin sentencia, así como a adultos mayores enfermos que no haya cometido delitos graves.