La política migratoria de México que impulsa la militarización y es protagonizada por la Guardia Nacional, sigue ocasionando la violación de los derechos de personas migrantes en su paso por el país.
Según revela el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, elaborado por varias organizaciones civiles, la Guardia Nacional, principalmente, no garantiza los derechos de los migrantes, al contrario, han normalizado prácticas violatorias.
Pero, ¿por qué la política migratoria de México ha experimentado un proceso de militarización? De acuerdo con el informe, se comprueba por tres elementos:
- La intervención de la Guardia Nacional en su ejecución
- La toma del control migratorio por parte de las Fuerzas Armadas
- Y que militares y exmilitares han tomado puestos clave al interior del Instituto Nacional de Migración
El impacto de la Guardia Nacional en la migración
Desde 2019, cuando la militarización de la política migratoria comenzó a aumentar de manera paulatina, la Guardia Nacional ha protagonizado violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
De acuerdo con el informe, la participación militar ha ocasionado más detenciones arbitrarias, violaciones al derecho de solicitar asilo, discriminación racial, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han derivado hasta en muertes.
“Los elementos de la Guardia Nacional en labores migratorias no actúan como garantes de derechos, sino como agentes de contención y deportación o incluso como generadores de riesgo para las personas migrantes y sus familias”.
Además, han comprobado que la Guardia Nacional hace detenciones arbitrarias basadas en perfilamiento racial y expulsa a migrantes de manera selectiva.
Es decir, personas migrantes afrodescendientes y africanas son quienes con mayor frecuencia son víctimas de estas detenciones, lo que suma a la xenofobia.
La Guardia Nacional y el INM contra migrantes
El informe “Bajo la bota” también revela que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración han ejercido el uso excesivo de la fuerza contra migrantes, especialmente contra caravanas.
En repetidas ocasiones, personal de ambas corporaciones realizan revisiones migratorias que atentan contra el derecho de libre circulación y que la SCJN ya declaró inconstitucional.
Para niñas, adolescentes y mujeres este escenario se multiplica pues son víctimas de violencia sexual cometida por elementos de la Guardia Nacional, así como acoso e intimidación.
La investigación retoma cómo la política migratoria de México llegó a lo que actualmente es y que en 2019, el gobierno recibió una amenaza por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que de no detener el flujo migratorio, cerraría la frontera e impondría impuestos al comercio.
De esta manera, se apresuró el reglamento de la Guardia Nacional para impulsar la política migratoria y ayudar en las funciones de migración.
Así, para enero de 2022, el gobierno mexicano había desplegado 28 mil 397 elementos para la ejecución del Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur:
- 13 mil 663 del Ejército
- 906 de la Marina
- 13 mil 828 de la Guardia Nacional
Militares dentro del Instituto Nacional de Migración
Algo que tal vez ha pasado un poco desapercibido es la colocación en puestos clave de militares dentro del Instituto Nacional de Migración, con lo que se ha desplazado el aparato civil administrativo.
Desde 2020, la CNDH alertó sobre que en 18 estados nombraron a personas con perfil militar en representaciones u oficinas del INM:
“Cuando un militar se integra en instituciones civiles, lo hace con todo el bagaje que lo acompaña, integrando su conocimiento y formación, lo cual puede implicar un cambio en las políticas de conducción de la institución que tiene a su cargo”.
Las violaciones a los derechos humanos de migrantes en México
- Detenciones arbitrarias e ilegales
Desde el despliegue de la Guardia Nacional se ha evidenciado un incremento sustancial del número de detenciones de personas migrantes, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Esto lo hacen a través de redadas y operativos de control migratorio, así como labores de patrullaje.
- Violación a los derechos de solicitar asilo y recibir asilo, al principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas
- Discriminación racial y uso de perfiles raciales
Los cuerpos de seguridad usan criterios raciales para obligar a las personas a demostrar su estancia regular en el país, además utilizan insultos raciales y los estigmatizan como “criminales”.
- Violencia contra las mujeres
- Estaciones migratorias a cargo de la Guardia Nacional
- Uso excesivo de la fuerza
Al final del informe, las organizaciones resaltaron la urgente necesidad de asumir una política migratoria con enfoque humanista y transversal, así como terminar con prontitud la respuesta militarizada a la migración.
“Bajo la bota” fue elaborado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio, Derechos Humanos Integrales en Acción y Uno de Siete Migrando; la red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Sin Fronteras IAP.
