Román Meyer Falcón, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), evitó pisar la cárcel luego de que la Sedatu efectuara a último minuto el pago de 195 millones 201 mil 969 pesos por la expropiación de un predio.
El ministro Javier Laynez Potisek propuso frente Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el proceso de destitución de Román Meyer Falcón como titular de la Sedatu, tras ser acusado por la expropiación de un predio particular.
Sin embargo, con este pago apresurado efectuado por la Sedatu, Román Meyer Falcón, de 39 años de edad, libró su encarcelamiento y destitución como titular en la secretaría de Estado.
Así fue como Román Meyer Falcón evito pisar la cárcel
Durante el jueves 13 de abril, se dio lectura a la resolución presentada por el ministro Javier Laynez Potisek, la cual estipula que:
“En el caso de que aún los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos Román Meyer Falcon, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Ana Bertha Cervantes Troop, directora general de legislación, consulta y pago de predios (…) por haber incumplido con la sentencia constitucional emitida en el juicio de amparo 1464/2018″.
Sin embargo, estas peticiones no procedieron debido a que Sedatu presentó ante el juzgado un billete de depósito del Banco de Bienestar por la cifra de 195 millones 201 mil 969 pesos.
El caso aún no está resuelto, pues aún no se ha verificado si esta cantidad ha sido verdaderamente entregada.
¿De qué se le acusa a Román Meyer Falcón?
Román Meyer Falcón, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, fue demandado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente despojar 90 hectáreas de terreno a un particular.
De acuerdo con las investigaciones, estas áreas están valuadas en 1.3 millones de pesos y están ubicadas en la zona donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El legitimo dueño de los terrenos expuso, junto con sus abogados, que estos terrenos fueron cedidos por la Sedatu a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin antes haber pasado por un proceso de pago pese a que se trató de propiedad privada.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aún no ha sido resuelto.
