México.- Manuel Germán Ramírez Valdovinos recuperó su libertad el pasado 16 de julio, tras 21 años preso por un delito fabricado en su contra; sin embargo, afuera enfrenta obstáculos para una reinserción social.
Al salir, las personas privadas de la libertad (PPL) no cuentan con un documento de identificación, lo que complica situaciones como acceder a un trabajo, educación o salud.
“Con antecedentes penales y la edad, en mi caso 43 años, a nadie le dan trabajo, además de que no tenemos ni cómo identificarnos. Salí pero tengo suspendidos mis derechos civiles y políticos”.
Manuel Germán Ramírez Valdovinos
En entrevista con SDPnoticias, Manuel Germán Ramírez Valdovinos explicó que al salir de prisión siguen enfrentando barreras porque las autoridades limitan sus derechos y la sociedad no da oportunidades por prejuicios en su contra.
Prevén liberación de personas sin sentencia o por delitos no graves
El tema de la liberación de personas fue recientemente comentado en la conferencia mañanera del 29 de julio, cuando la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que se publicará un decreto.
Dicho decreto, que será firmado por el presidente AMLO, tiene el objetivo de apoyar a las personas privadas de la libertad sin sentencia o sentenciadas por delitos no graves del fuero federal.
Sánchez Cordero elaborará el decreto con un plazo de liberación al próximo 15 de septiembre, y consistirá en:
- Personas privadas de la libertad con más de 10 años sin sentencia, serán liberadas
- Personas adultas mayores de 75 años terminarán de cumplir su sentencia en prisión domiciliaria
- Personas adultas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, serán liberadas y la Secretaría de Salud hará los diagnósticos
- Personas privadas de la libertad que hayan sido torturadas y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, recuperarán su libertad
En México, según el gobierno de AMLO, existen 94 mil 547 personas sin sentencia, de las cuales 12 mil 358 son del fuero federal y 7 mil 278 están centros penitenciarios federales.
La reinserción social en México “no existe”
Aunque lo anterior es una medida positiva, al salir las personas se enfrentan a otro problema: la reinserción social que, para Manuel Germán, no existe.
El hombre explicó que en México un modelo real de reinserción social no existe porque al interior de los centros penitenciarios no se respalda a las PPL en trabajo, educación, salud y deporte, y al salir no cuentan con las herramientas para seguir con su plan de vida.
“La reinserción social no existe y para que funcione debe implementarse un modelo intrínseco que englobe a toda la sociedad y no abandonar a la población penitenciaria, ayudarla para que al salir no sea difícil reinsertarse”.
Manuel Germán Ramírez Valdovinos
Manuel, que fue acusado del homicidio de una persona que estaría viva, dijo que a los pocos días libre ya se ha enfrentado a la exigencia de una identificación, misma que no tiene por negación del Estado.
Destacó que estas complicaciones ocurren cuando las PPL son preliberadas o liberadas al terminar su sentencia, pero no pasaría si a las víctimas de fabricación de delitos se les reconoce su inocencia.
Centros penitenciarios no prepara a las personas para salir
Sofía González, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, aseguró que el problema empieza desde que las personas están privadas de la libertad.
“Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece herramientas de reinserción social, no sucede así. Las condiciones de los centros penitenciarios no impactan en prepararles (a las PPL) para la salida”.
Sofía González
Las personas que recuperan su libertad, tal y como lo plantea el decreto del presidente AMLO, se enfrentan a estereotipos y prejuicios sociales negativos, lo que se refuerza con cartas de no antecedentes penales que, aunque ya no se deben solicitar, siguen existiendo.
De acuerdo con González, es difícil que exista la reinserción social sostenible y que no haya reincidencia, pues aunque al salir se les debe restituir todos sus derechos, no ocurre así.
Las barreras contra las personas que recuperan su libertad
La coordinadora de Documenta explicó que además de la responsabilidad interinstitucional, la sociedad también impone barreras contra las personas que recuperan su libertad.
“Por ejemplo, un empresario podría no negar empleos a estas personas y como sociedad, hablar de sus historias, que deje de ser un tema tabú porque es importante voltear a ver lo que sucede en el sistema penitenciario”.
Sofía González
Sobre sus derechos, como al interior de los centros penitenciarios, al salir las personas tampoco tienen garantizado el acceso a la salud médica ni mental, necesaria para atender el impacto emocional que significa estar preso.
Para que un modelo de reinserción social funcione, algo esencial es garantizar los derechos humanos de las PPL para que al salir puedan reinsertarse y evitar la reincidencia.
“El llamado principal es hacia las autoridades, que brinden los servicios que requieren las personas durante y después de estar en prisión, que atiendan su salud mental y a la sociedad, que evite imponer barreras a su reinserción”.
Sofía González
El caso de Manuel Germán
Manuel Germán Ramírez Valdovinos salió del penal de Almoloya de Juárez, Edomex, donde estuvo privado de su libertad por 21 años pero fue por el beneficio de preliberación.
La noche del 26 de mayo del 2000, Manuel de entonces 22 años de edad, fue detenido en su casa en el municipio de Acolman, por policías judiciales, quienes lo torturaron para que confesara un homicidio que no cometió.
Desde el inicio del proceso se registraron irregularidades y omisiones, violaciones a sus derechos humanos, que finalizaron con una sentencia condenatoria.
La supuesta víctima estaría viva en Estados Unidos; además de que saben que la familia habría pagado para “armar” un caso donde fuera asesinado y detener a una persona como el responsable, que habría sido Manuel.
Ahora, el hombre deberá asistir a firmar con cierta regularidad hasta concluir su sentencia pues no le fue reconocida su inocencia para evitar demandas contra el Estado por la tortura en su contra.
