Comunidades mayas presentaron una queja ante un Tribunal Colegiado para combatir la negativa a otorgar la suspensión de la construcción del Tren Maya.
Las comunidades mayas de la península de Yucatán presentó una queja ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito por la negativa de un juez a otorgar la suspensión de todas las obras relacionadas con el Tren Maya.
De acuerdo con Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se busca que exista legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental.
Comunidades Mayas luchan contra construcción de Tren Maya; aseguran que no dieron consentimiento
El director ejecutivo del Cemda aclaró que, de acuerdo con el sistema Interamericano de Derechos Humanos, para megaproyectos como en Tren Maya, se debe de solicitar la autorización de las comunidades aledañas.
Asimismo, resaltó en entrevista para el programa de Ciro por la mañana que este consentimiento tiene que ser:
- libre
- informado
- previo
- adecuado
Sin embargo, este proceso no se realizó como está estipulado, pues no se les dio información técnica y nueva.
“Dentro del sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha establecido que en casos como estos, en megaproyectos de esta naturaleza, no sólo se debe de llevar a cabo una consulta, es decir, no solo se debe de preguntar a la gente qué opina sobre un proyecto, sino que de lo que se trata es de tener su consentimiento que es algo completamente diferente”
Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda
Cabe recordar que en julio del 2020, las comunidades mayas de los estados de:
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
presentaron una demanda de amparo en contra del Tren Maya por el incumplimiento de su obligación de obtener el consentimiento del pueblo maya.
Las comunidades expusieron en su demanda que el juez debía suspender todas las obras relacionada con este megaproyecto puesto que estas ponen en riesgo su propiedad comunal y pueden causar daños socioambientales de difícil reparación.
Sin embargo, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó negar la suspensión de oficio y de plano, por lo que las obras siguen avanzando mientras se resuelve el litigio.
Por otro lado, el Observatorio de Deforestación Neta Cero informó que la construcción y entrada en operación del proyecto implicará un aumento en la deforestación de 9 mil 786 hectáreas por año.
Esto provocó que el pasado 8 de marzo pasado las comunidades solicitaron la suspensión de todas las obras del Tren Maya, con el argumento de que, de concluirse el proyecto y de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento, ya no será posible restaurar sus derechos y las afectaciones.
Sin embargo, el 22 de marzo pasado, el Juez Primero de Distrito en Yucatán negó la medida cautelar, con el argumento de que debía acatarse lo resuelto en la suspensión de oficio negada por el Juez de la Ciudad de México.
Finalmente, el 29 de marzo se presentó una queja ante el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, órgano encargado de resolver los recursos que se interpongan en el marco del “Tren Maya”.
Comunidades mayas buscan que se realicen consultas informadas sobre el Tren Maya; obra debe ser suspendida
Por otra parte, el director del Cemda aclaró que parte de lo que se busca por parte de las comunidades mayas con la queja ante el Tribunal Colegiado es que se realicen consultas informadas sobre el Tren Maya.
Para poderlas realizar conforme a derecho, es importante que se suspendan todas las obras y se les entregue la información más actual para que se pueda tomar una decisión basada en informes técnicos.
Asimismo, resaltó que las comunidades mayas están preocupadas pot el medio ambiente y la salud, pero también por las afectaciones a su patrimonio, pues el gobierno está expropiando terrenos en pro de la construcción del tren.
“De lo que se trata es de evitar estos riesgo que hay, no sólo al medio ambiente, no sólo a la salud de las personas, no sólo a los recursos naturales, sino que hay riesgos a la propiedad de las personas”
Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda