En los últimos tiempos, en diversos países del mundo, se ha visto una tendencia creciente y preocupante: el robo de cables de carga de autos eléctricos.
Este fenómeno, que ya ha afectado a países como Estados Unidos, Holanda, Francia e incluso México, pone de manifiesto la necesidad de medidas de seguridad más eficaces en las electrolineras y puntos de recarga.
Esta predisposición por el robo de cables de los centros de carga se debe a que el cobre, un componente valioso de estos cables, es el principal atractivo para los ladrones.
El precio de los cables de carga de los autos eléctricos
Con un precio de 7.68 euros por kilo en Europa y un incremento del 0.97% respecto al año anterior, no es sorprendente que las mangueras de carga se hayan convertido en un objetivo lucrativo.
Una manguera de carga pública puede pesar alrededor de 10 kilogramos, lo que significa que cada robo puede reportar hasta 70 euros al ladrón.
Los supercargadores de Tesla, con su alta capacidad y cables más largos y gruesos, son especialmente codiciados. Estos cables, aunque protegidos por una funda aislante, son vulnerables al ser cortados y vendidos como chatarra.
Para combatir esta ola de robos, se sugieren varias soluciones. La implementación de vigilancia, ya sea mediante guardias o cámaras de seguridad, en puntos de recarga es una medida directa.
Sin embargo, una solución más estructural sería mejorar el control en el sistema de compra-venta de cobre, exigiendo un número de serie o un contrato que formalice la transacción y desaliente el robo.
La reacción al robo de los cables de carga de los autos eléctricos
Afortunadamente, algunas compañías de seguros ya están respondiendo a esta problemática. Han comenzado a incluir en sus pólizas la cobertura del robo de cables de recarga, considerándolos parte integral del vehículo.
Además, ofrecen asistencia en caso de que el robo deje al conductor sin batería, proporcionando desplazamiento a un taller o recarga in situ.
El incremento en la adopción de vehículos eléctricos debe ir de la mano con mejoras en la seguridad y la regulación. Es esencial que tanto las autoridades como las empresas privadas tomen cartas en el asunto para proteger la infraestructura de carga y, por ende, la inversión y confianza de los consumidores en la movilidad eléctrica.