México.- Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil demandaron una fiscalía autónoma, capaz e independiente, y advirtieron que existe el riesgo de que la reforma constitucional de 2014 quede en el papel si no se incorporan elementos de rendición de cuentas, supervisión de la gestión y profesionalización del personal.
Concentrados en la columna de la Independencia, representantes de aproximadamente 150 organizaciones presentaron a grandes rasgos la propuesta que entregarán al Poder Legislativo para que la transición de Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía responda a la realidad del país: violaciones graves a los derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado y una lacerante impunidad.
“La PGR debe convertirse en una fiscalía autónoma capaz e independiente, sensible a los derechos de las víctimas (…) Requiere transformar la PGR en una institución profesional, técnicamente sólida, con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación”, señalaron.
Bajo el hashtag #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, las organizaciones señalaron que el debate público se ha concentrado en el debate del “pase automático” del actual procurador Raúl Cervantes al cargo de fiscal que ocuparía por nueve años. Sin embargo la transición, señalaron, va más allá de quién la encabece por lo que presentaran ante legisladores un proyecto de dictamen ciudadano.
¿Qué propone el proyecto de dictamen?
En primera instancia, eliminar el pase automático, que el primer Fiscal General se elija conforme al procedimiento constitucional y permanezca en funciones hasta el 30 de septiembre de 2022.
Además establecer como un requisito de elegibilidad del fiscal no haberse registrado como candidato ni haber desempeñado un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; tampoco no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación (nacional o estatal) en algún partido político en los cuatro años anteriores a su designación.
El cargo de fiscal general deberá reducirse de 9 a 6 años, y en casos de ausencias definitivas (renuncia, remoción, destitución o muerte) se deberán crear las figuras de fiscal general provisional, sustituto y suplente y se elegirá a quien complete el periodo cuando faltaran más de dos años.
La iniciativa contempla también el procedimiento de elección, postulación que deberá ser por concurso público y del cual el Senado elegirá solo 6. La propuesta mantiene la facultad del Ejecutivo para elegir una terna entre la lista de 6 candidatos. El senado elegirá al fiscal general por mayoría calificada, previa comparecencia pública. La propuesta introduce la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el Senado paralice el nombramiento, pues será la Corte quien realice el nombramiento.
El nuevo fiscal general podría ser removido por el Senado mediante el voto de la mayoría calificada, procedimiento que puede ser iniciado por el Ejecutivo una tercera parte de los senadores. Pero también podría ser destituido, por causa de responsabilidad penal o administrativa grave.
La propuesta contempla la creación de un Consejo del Ministerio Público, definido como un “órgano de contrapeso democrático al Fiscal General”, cuyas atribuciones contemplan la evaluación del desempeño constitucional y podría formular recomendaciones respecto de la planeación estratégica, planes de trabajo, organización institucional y profesionalización.