México.- El sacerdote y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde, confirmó que sí busca convertirse en el próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A través de un tuit, Solalinde Guerra expresó que en caso de que Andrés Manuel López Obrador resulte electo el próximo 1 de julio, aceptará participar en el procedimiento para participar como comisionado nacional.
“Sí acepté participar en el procedimiento competitivo para elección de ombuspersona, como una oportunidad de servir a México, al lado del que considero será el mejor presidente. No formaré parte del gobierno; la CNDH es autónoma. Los Derechos Humanos son compatibles con mi ministerio”, escribió.
Sí acepté participar en el procedimiento competitivo para elección de ombuspersona, como una oportunidad de servir a México, al lado del que considero será el mejor presidente. No formaré parte del gobierno; la CNDH es autónoma. Los DH son compatibles con mi ministerio.
{username} (@padresolalinde) May 9, 2018
El día de ayer el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que le gustaría que Alejandro Solalinde encabezara la defensa de los derechos humanos y Javier Sicilia la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. “Nada más que la ley no lo permite y además a la mejor ellos no aceptan”, dijo tabasqueño durante el “Diálogo por la Paz y la Justicia”, celebrado en el Museo de Memoria y Tolerancia.
La CNDH está actualmente encabezada por Luis Raúl González Pérez, quien fue designado por el Senado de la República para el periodo 2014-2019. Desde 1999, durante la administración de Ernesto Zedillo, la comisión goza de autonomía garantizada por la Constitución. En el artículo 9 de la Ley de la CNDH se establece que el su titular debe ser mexicano, mayor de 35 años de edad, contar con experiencia en la defensa de los derechos humanos y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación.
El ombudsperson debe ser elegido entre dos terceras partes de la Cámara de Senadores, previo a un análisis con organizaciones civiles.