México.- Diversas organizaciones sociales exigen a NSO Group rendir cuentas por su complicidad en actividades de espionaje solicitadas por el gobierno mexicano.
Activistas, periodistas y defensores de derechos humanos han solicitado a la empresa que cese la prestación de sus servicios, luego de que el diario estadounidense The New York Times denunciará en junio del 2017 que el gobierno mexicano la empleó para vigilar a los abogados de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.
NSO Group ofrecía el malware Pegasus exclusivamente a gobiernos, y que en México tenía como único cliente a la Procuraduría General de la República, dependencia que reconoció públicamente la contratación del servicio.
“A más de un año de las revelaciones del caso #GobiernoEspía, no existen indicios de que NSO Group y sus afiliadas hayan dejado de prestar sus servicios a gobiernos con un historial comprobado de violaciones a derechos humanos y corrupción, como el mexicano", indican organizaciones. "En fechas recientes han sido descubiertos nuevos casos de espionaje a trabajadores de Amnistía Internacional y a periodistas y defensores de derechos humanos en Medio Oriente, lo cual demuestra un patrón de negligencia de NSO Group frente a los abusos cometidos por sus clientes utilizando la infraestructura y servicios provistos por la empresa”, agregan.
El software, desarrollado por la firma israelí, es capaz de interceptar llamadas y mensajes SMS, revelar contraseñas y geolocalización del usuario, además de permitir el acceso a aplicaciones como WhatsApp, Skype, Gmail, iMessage y Facebook.
La exigencia surge un día después de que se interpusieran demandas civiles en contra de la empresa en tribunales de Israel y Chipre, acción a la que se han sumado las organizaciones mexicanas.
En el documento firmado por las organizaciones CentroProDH, Article 19, Social TIC, R3D, y el Poder del Consumidor, se hace un llamado al nuevo gobierno para que “retome la investigación del caso, incluso mediante la incorporación de un panel de expertas y expertos independientes que dé garantías de imparcialidad y solidez técnica a la investigación, como lo han recomendado reiteradamente organismos internacionales de derechos humano”