México.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito en Tamaulipas resolvió que no existe imposibilidad jurídica para crear una Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Por unanimidad, los magistrados Juan Antonio Trejo, Mauricio Fernández y Juan Pablo Hernández, determinaron dejar sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas en la que consignó la supuesta imposibilidad jurídica para integrar la Comisión, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) promoviera diversos recursos legales en contra del fallo original. 

El Tribunal desechó el planteamiento de que el Ministerio Público de la Federación (PGR), sea la única entidad pública con la facultad de investigar, pues dentro del expediente del Caso Iguala existen carpetas de la CNDH, la ONU y el Grupo de Expertos de la CIDH. También se echó abajo la tesis de que la Comisión irrumpiría en el debido proceso, al señalar que no atender el amparo promovido por los quejosos supondría una violación de la ley. 

"La imposibilidad aducida por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario, se basa en su opinión o divergencia de su criterio, con el adoptado por este Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que queda claro que la resolución incidental que nos ocupa, no resulta apegada a derecho, pues no se sustenta en verdaderos motivos de imposibilidad", se lee en un fragmento del resolutivo. 

"Así, lejos de favorecer los principios de legalidad y debido proceso, la decisión del magistrado del Tercer Tribunal Unitario, precisamente inobserva dichos principios, así como el interés social que subyace en el cumplimiento de las sentencias de amparo", señalan los magistrados en otro punto de la sentencia. 

La integración de la Comisión de la Verdad y la Justicia es una medida de protección a detenidos por el caso, que presentaron un juicio de amparo al señalar las inconsistencias en la investigación de la PGR, así como las supuestas violaciones a sus derechos humanos y tortura de la que fueron víctimas. En ese sentido, la resolución da cuenta de algunas de las irregularidades denunciadas. 

"Expuesto lo anterior, para recapitular, además de los indicios de tortura, las afirmaciones de los declarantes que quedaron desvirtuadas en autos (que iban a boicotear un acto político, que entre ellos había infiltrados de un grupo criminal, y que iban armados), las múltiples contradicciones sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos; también se aprecia que los peritajes internacionales, no corroboran la versión planteada por el Ministerio Público al ejercer acción penal, sino la contradicen, pues concluyen que no pudo haberse suscitado un incendio como el descrito por los declarantes", se señala en un apartado del documento.

La Comisión, que estaría integrada por organizaciones afines a las víctimas, expertos e instituciones como la CNDH, buscaría aportar certeza sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, para que, de determinarse relevante, el Ministerio Público de la Federación ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.