México.- La Secretaría de Gobernación se pronunció por el respeto a la autonomía e independencia de los Congresos Locales de todas las entidades federativas, pero exhortó al Congreso de la Unión a que en un eventual Código Penal Único se establezcan tipos penales para el feminicidio y la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
En el marco del debate en el pleno del Congreso de Nuevo León de un dictamen que pretende “proteger la vida desde la concepción hasta su muerte natural”, congelado desde 2014 y aprobada en comisiones sin consultar a expertos, Olga Sánchez Cordero se pronunció en Palacio Nacional por no criminalizar a la mujer desde las leyes, ministerios públicos y fiscales ni privarla de su libertad por tomar la decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
La ministra en retiro subrayó esta mañana que criminalizar a la mujer por abortar es una política altamente discriminatoria, sea el aborto espontáneo o intencionado, hay mujeres privadas de su libertad por ello.
Sánchez Cordero subrayó que el tema más sensible en el debate sobre el derecho a decidir es la reciminalización de la mujer y la privación de su libertad. “Se le vuelve a criminalizar varias veces, no solo por un agresor, sino el mismísimo gobierno, por los legisladores, por los jueces y por los ministerios públicos, por los fiscales”, explicó. “Este no es un tema de aborto, este es un tema de criminalización. Es un tema de privación de la libertad y habrá que abordarlo en su justa dimensión”, agregó.
“Si se va a avanzar en un Código Penal Único ahí se podrían hacer modificaciones importantes para armonizar y homologar la legislación y para tener tipos penales muy específicos para feminicidio y de la despenalización hasta las 12 semanas”, reiteró y aclaró que esto no significa que no se puedan homologar y armonizar las leyes locales en tanto el hipotético código de aplicación federal se materializa.
Actualmente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) solo se reconoce en la Ciudad de México en sus Clínicas de Salud Sexual y Reproductiva, donde la atención se brinda de manera legal, segura, confidencial y gratuita a mujeres menores y mayores de edad, sean residentes o de otras entidades, dentro de las 12 primeras semanas de gestación.