México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) es una de las instituciones más corruptas del gobierno federal, reconoció la secretaria de Gobernación.
A propósito de la desaparición de una veintena de personas en tránsito, el gobierno federal fue cuestionado por actos de corrupción en Reynosa y Matamoros cometidos contra personas en tránsito por agentes de migración, Olga Sánchez Cordero señaló que se está renovando a prácticamente todo el personal. A la fecha, señaló la secretaria, se han presentado entre tres y cuatro denuncias penales contra funcionarios del INM que contravenían el cargo al que se les asignó.
La periodista Emily Green cuestionó al gobierno federal sobre un caso de corrupción en el que a personas migrantes les permitieron transitar por los puntos migratorios a cambio cuotas que alcanzaban hasta 3 mil dólares.
Sin embargo, la “limpia” en el Instituto Nacional de Migración es un proceso que tomará tiempo, debido a la amplia estructura del órgano y el sindicato al que está adscrito personal de base. Por ahora, detalló la secretaria, se han revisado los puntos migratorios en Cancún, Chetumal y Ciudad de México. Los siguientes serán Guadalajara y “el norte” del país.
Sánchez Cordero refrendó su respaldo a Tonatiuh Guillén, actual titular del INM, y aseguró que su compromiso es erradicar lo antes posible la corrupción en el instituto.
Sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador advirtió a aquellos agentes corruptos que “no vayan a pensar los que extorsionan que va a haber tolerancia” pues “van a ser despedidos”.
Organizaciones defensoras de personas en tránsito han señalado que la red de corrupción del INM es similar a la de un cártel.
Los agentes migratorios tienen entre sus funciones atener de los derechos humanos de todas las personas de una nacionalidad diferente a la mexicana que transitan por el país, independientemente de su condición de ingreso.
En mayo de 2017, Ardelio Vargas Fosado, entonces titular del INM, puso en marcha el Programa de Formación para Agentes Federales de Migración, en coordinación con dependencias del gobierno mexicano y de Estados Unidos, con una duración de 5 semanas, conformadas por 269 horas de trabajo, en el que los agentes aprenderían desde procedimientos para ayudar a solicitantes de refugio, hasta los requisitos que se deben de reunir para el ingreso seguro de los extranjeros.