México.- Fabio Massimo Covarrubias Poffer, director general de Fertinal entre 1992 y 2006, señalada en el proceso de compra-venta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los que hay sospechas de corrupción, dijo que no conoce a Emilio Lozoya, ni al expresidente Enrique Peña Nieto.
Además, comentó a Ciro Gómez Leyva que la idea era fusionar su empresa con la petrolera con el propósito de beneficiar a ambas compañías con, aproximadamente, 3 billones 500 mil dólares.
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Venta fue de manera honorable
Massimo Covarrubias señaló en Radio Fórmula, que Lozoya, “con una soberbia gigantesca ni siquiera nos recibió… este trato de 635 millones de dólares ni siquiera llamó su atención”.
Además, el empresario aseguró que él vendió una empresa de manera honorable, libre y abierta y se dijo a las órdenes del Gobierno federal en caso de que se le requiera presentar a declarar por estos señalamientos.
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El exdueño de Fertinal señaló que no cree que haya habido un complot de más de 100 personas. No creo que se haya coludido todo el consejo de administración de Pemex”.
Quieren denostar el nombre Fertinal
Covarrubias Poffer además defendió el nombre de Fertinal, el cual quieren denostar, pese a que esta empresa fue avalada por Goldman Sachs y con la participación de Evercore.
Comentó que lo que se pretende es tapar “la coladera” de la venta de Agronitrogenados, "que eran unos “fierros viejos”.
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En este sentido, destacó la viabilidad de Fertinal que tiene miles de empleados trabajando e incluso es la segunda fuente de empleo de Lázaro Cárdenas", dijo Massimo Covarrubias.
La cortina de humo
Fabio Massimo además indicó que en cuanto a la defensa de Emilio Lozoya, el abogado Javier Coello, “está haciendo una cortina de humo y está defendiendo a un delincuente que está escondido, mientras yo estoy dando la cara”.
Consideró que Agronitrogenados tiene hoy 20 años parada, “aunque se le invirtieron casi 400 millones de dólares”.
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A mediados de mayo, Función Pública detectó que Lozoya Austin realizó la compra de la planta industrial Grupo Fertinal bajo "un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos (alrededor de 34 millones de dólares).