México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), Alfonso Durazo, insistió en que el movimiento de elementos de la Policía Federal (PF) en contra de la transición a la Guardia Civil no es representativo de la mayoría de los agentes, por lo que descartó una afectación considerable a las funciones desempeñadas por esa corporación.
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En entrevista con Denise Maerker, en Radio Fórmula, el funcionario federal reiteró que el proceso de transición no implica un ajuste o suspensión de las actuales prestaciones de elementos la PF, por lo que las protestas obedecen a confusiones en cuanto a dicho procedimiento o presiones de grupos de interés ajenos al cuerpo de seguridad.
De acuerdo con Durazo Montaño, son más de 36 mil los policías federales activos en territorio nacional, en tanto que en el bloqueo en la carretera México-Pachuca apenas y suman 90 el número de inconformes.
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En cuanto a denuncias por supuestos actos de discriminación contra agentes con vitiligo, rechazó categoricamente algún tipo de exclusión y aclaró que el proceso de transición tiene una periodicidad de 18 meses, en donde se definirá su traslado a la Guardia Nacional o incorporación a otra organización.
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En cuanto a la posible "flexibilización" de los requisitos para el ingreso a la Guardia, indicó que éstos se mantendrán conforme a lo establecido en los protocolos y en la ley, a fin de sumar en la consolidación de la institución y de contribuir a sus objetivos.
¿Qué piden los inconformes de la Policía Federal?
Los elementos de la Policía Federal que bloquearon autopistas así como calles de la Ciudad de México y retuvieron las instalaciones de mando en Iztapalapa piden beneficios económicos individuales, rechazan evaluaciones y exigen pase automático a la Guardia Nacional.
A más de 20 años de su formación -y luego de 10 años de pasar de Policía Federal Preventiva a solo Policía Federal-, también exigen la renuncia de sus superiores (desde comandantes hasta directores), por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, entre las peticiones no exigen la profesionalización de sus tareas o formación en derechos humanos, a pesar de que la corporación policial civil ha encabezado severas violaciones durante su despliegue en operativos. El último de estos casos es el desalojo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, que dejó un saldo de 6 personas muertas y más de 100 heridas, a pesar de que en la movilización contra le Reforma Educativa había mujeres y menores de edad.