México.- Organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Comité Cerezo, se pronunciaron por que el nuevo gobierno cumpla con la instauración de una Ley de Amnistía Federal.
La propuesta, explicó Francisco Cerezo, surge del interés que ha mostrado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador por generar un proceso de paz y reconciliación nacional que debe considerar el alto a la criminalización de personas defensores de derechos humanos que han sido encarceladas durante años.
La ley de amnistía propuesta -que ya había sido demandada en 2006 y 2008-, solicita que presos políticos y de conciencia sean liberados. A la vez, que expone el cese de “la fabricación de delitos, tortura y detenciones arbitrarias” que hasta el momento suman al rededor de 4 mil, 3 mil de ellas producidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Para las organizaciones, la amnistía que no debe encontrar traba legal alguna, no considera el “perdón a los criminales” por lo que no debe confundirse con el indulto, figura jurídica que solo el presidente es capaz de emitir como un acato jurídico político. Por el contrario, es una herramienta que causa la extinción de la responsabilidad penal.
Los representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH AC) y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, reconocieron que el nuevo gobierno enfrenta grandes retos generados por la impunidad y la corrupción persistentes, por lo que instan a que escuchen las recomendaciones de las organizaciones civiles que han operado durante años en el ámbito de los derechos humanos.
A las peticiones también se sumaron la creación de una Comisión de Verdad que tenga como objetivo investigar y esclarecer el paradero de víctimas de desaparición y de los responsables de las mimas; y la discusión de una Ley General de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos armonizada con los estándares internacionales de políticas públicas integrales de protección.
Amnistía en México
En 1976 Luis Echeverría decreto una amnistía que benefició a 230 activistas, la mayoría de ellos víctimas de la represión de 1968. Durante el gobierno de López Portillo en 1978, se instalo una segunda amnistía que tuvo impacto en otros 539 activistas ligados a los grupos insurgentes ya derrotados.
En 2001 una amnistía local permitió la liberación de presos indígenas Loxichas acusados de ser parte del Ejercito Popular Revolucionario (EPR). En 2003 en Guerrero, René Juaréz impulso una que liberaría a tres personas, muestra de que las leyes de amnistía deben ser acompañadas por la vigilancia de la sociedad civil.