México.- El Tren Maya prometió un avance del 30 por ciento en 2021 “cómo dé lugar” en todos los tramos que conforman la red, indicó en entrevista el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
El Tren Maya es una de las obras prioritarias de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual recorrerá mil 554 kilómetros en 7 tramos con 19 estaciones para el transporte de pasajeros y carga en cinco estados del sureste de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con Jiménez Pons la construcción de la obra que inició en junio de 2020 se prevé concluya para el segundo semestre de 2023, pese a los contratiempos que involucran la pandemia de coronavirus, dos huracanes y cuatro tormentas tropicales, indicó a EFE el director de Fonatur.
Para su construcción se prevé una inversión de 126 mil 603 millones de pesos, además se calcula que el proyecto generará un millón de empleos permanentes para los próximos 10 años entre las comunidades del sureste de México.
Oposición rodea a Tren Maya; gobierno afirma que empodera a comunidades
La construcción del Tren Maya también enfrenta la oposición de asociaciones civiles, quienes consideran que las consultas públicas a pueblos indígenas en los tramos de Campeche y Yucatán fueron insuficientes dado que carecen de la manifestación de impacto ambiental.
Sin embargo, en opinión de Rogelio Jiménez Pons, dicha oposición no ha afectado al desempeño de la obra, porque no ha sido generalizado sino puntual, aunque señaló que las asociaciones civiles estén en su derecho de interponer los amparos que consideren, descartando que dichas organizaciones representen a las comunidades dado que representan intereses políticos.
En opinión del funcionario, las comunidades se van a beneficiar directamente con la presencia del Tren Maya y los opositores al proyecto gubernamental no son más que opositores al gobierno de AMLO.
Según Jiménez Pons, los pueblos indígenas serán empoderados con el proyecto de desarrollo, además de indicar que el gobierno está pagando a los pobladores el derecho de vía que se les debía desde hace décadas, señalando que se protegerían tanto las zonas arqueológicas como ambientales.