México.- México logró un acuerdo preliminar con cuatro empresas del sector energético para resolver el conflicto respecto a los contratos de gasoductos que transportan gas natural, mismo que se hará público el martes 27 de agosto.
De acuerdo con The Wall Street Journal, Grupo Carso, Fermaca, IEnova y TransCanada acordaron con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar 3 mil 300 kilómetros de gasoductos para el transporte de gas a Estados Unidos por territorio mexicano.
De aprobarse el acuerdo, cita El Financiero, México tendrá que pagar por los próximos 10 años tarifas más altas para enviar gas a través de los gasoductos, aunque tendrá un ahorro nominal de 600 millones de dólares con base en los análisis.
Con ello además, se avala la operación del gasoducto marino Texas-Tuxpan que se terminó de construir en junio con ocho meses de retraso y debido al conflicto de los contratos, no ha iniciado operaciones.
El empresario mexicano Carlos Slim, propuso la solución al conflicto al presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el diario estadounidense que cita fuentes cercanas, mismas que afirman que el documento aún está en riesgo de no ser aprobado. Los empresarios y el gobierno mexicano mantendrán una reunión este lunes.
Los contratos originales solicitaban al gobierno un pago tarifario que se incrementaría cada año durante 25 años, sin embargo, la solución propuesta por el magnate mexicano propuso una nivelación de tarifas o el restablecimiento al promedio a largo plazo para la duración de los contratos para que se descontarán entre 5 y 10 por ciento por cada gasoducto.
En términos prácticos, durante la primera mitad del contrato, las tarifas serán más altas que en el pacto anterior y los contratos se extenderán por cinco años, además, incluso si el gobierno mexicano ahorra 600 millones de dólares, los pagos iniciales altos harán que el acuerdo sea peor para el gobierno a largo plazo.
La administración de López Obrador busca eliminar las disposiciones que obligan al gobierno federal a pagar el gas y quiere solicitar millones en reembolsos y daños, aunque las empresas pretenden que los contratos permanezcan sin cambios.