México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que este 01 de abril trascendió que siete militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, ocurridas la madrugada del 30 de junio de 2014, fueron reaprehendidos y están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los siete militares fueron detenidos de nuevo, tras ser absueltos hace años y luego de que en 2019, un Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara una orden de reaprehensión en su contra, misma que permaneció sin cumplirse por 16 meses.

Fue en octubre de 2020 que la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías Guerra, confirmó la existencia de las 7 órdenes de aprehensión en contra de elementos y que el mismo Ejército ayudaría a las autoridades para concretar las detenciones pendientes en el caso.

Tribunal ordena reaprehensión de militares

En 2019, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito del Estado de México ordenó la reaprehensión de los 7 militares implicados en la masacre de 22 civiles dentro de una bodega en Tlatlaya, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y para 3 de ellos, por el delito de homicidio calificado.

Los implicados fueron identificados como Ezequiel Rodríguez Martínez; Samuel Torres López; Julio César Guerrero Cruz; Alan Fuentes Guadarrama; Fernando Quintero Millán; Roberto Acevedo López, y Leobardo Hernández Leónides, quienes al momento de la matanza eran integrantes del 102 Batallón de Infantería.

Lo anterior sucedió luego de que en mayo de 2016, la magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Adalid Ambriz, determinó que no había pruebas suficientes para juzgar a los implicados con lo que recuperaron su libertad.

Reaprehensión confirma ejecuciones extrajudiciales

Tras la decisión del Sexto Tribunal, el Centro Prodh señaló que se confirma que hubo ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo denunciaron las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos; también refirieron que se acreditaba que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios.

En esta ocasión, con la reaprehensión, el Centro Prodh explicó que es un hecho relevante que no habría ocurrido “sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”; pidieron que se determine “cabalmente” cuántas víctimas dejó el suceso y se investigue “la cadena de mando”.

Según el diario El Universal, los militares fueron detenidos a mediados de marzo, sin que se informara; de los detenidos, cuatro salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, mientras que tres permanecen en una prisión militar de la Ciudad de México.

Los hechos en Tlatlaya

El 30 de junio de 2014 elementos del Ejército habrían asesinado a 22 personas, incluida una mujer de 18 años, en una bodega ubicada en San Pedro Limón, Tlatlaya. La versión oficial afirmaba que los “delincuentes” atacaron primero a los militares, quienes patrullaban la zona, por lo que hubo un enfrentamiento que resultó en la muerte de todos los civiles.

Semanas después, un trabajo periodístico reveló que en el lugar había poca evidencia de que hubiera ocurrido un enfrentamiento como aseguró la Sedena. Además de que una testigo dijo que los soldados dispararon primero, que sólo uno de los jóvenes murió en enfrentamiento y los demás fueron asesinados cuando ya se habían rendido.

Más tarde, en octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los soldados privaron de la vida a las personas al interior de la bodega. Las 3 sobrevivientes de la masacre en Tlatlaya también denunciaron tortura y violación a sus derechos humanos.