México.- El expresidente Enrique Peña Nieto podría comparecer en el caso que sigue la Fiscalía General de la República contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, según su abogado.
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A pesar de que no se han presentado para conocer las razones por las que se le acusa al exdirector de Pemex, el abogado Javier Coello ya habla de un juicio y de hasta posibles testigos.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo diversas órdenes de aprehensión por actos de corrupción entre las que se encontraría la de Lozoya Austin, pero al tratarse de un procedimiento en curso han optado por no confirmar nombres que son del dominio público.
"Chivo expiatorio"
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Javier Coello comentó que se tiene contemplado llamar al ex mandatario federal.
Además, el abogado afirmó que Lozoya Austin se encuentra en México y no en España, como comenzó a especularse. Asimismo, Coello consideró que su cliente es "un chivo expiatorio”.
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La orden de aprehensión
Este martes, un juez federal habría girado una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción.
Previamente, el lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas del ex director de Pemex; de su hermana, Susana Gilda; así como del dueño de Altos Hornos de México.
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De acuerdo con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de la gigante brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya.
La transacción
Se detalló que las transacciones dieron inicio luego de que Pemex compró en 2014 a un supuesto sobreprecio, una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que se encontraba en poder de AHMSA).
La recompra se llevó cuando Lozoya estaba al frente de la petrolera y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, esa transacción se realizó con un sobrecosto de hasta 620 millones de pesos.
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A Lozoya se le inhabilitó como servidor público por un periodo de 10 años, informó el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP).