México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el Decreto de Austeridad del Gobierno Federal ha ocasionado que se paralice sus actividades esenciales y funcionamiento; más de mil resoluciones y 600 procedimientos de recomendaciones internacionales sobre Ayotzinapa, Atenco, Tanhuato, ABC o Tlatlaya quedarán pendientes.
“El Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.
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A través de un comunicado, la Comisión que también se encarga de una parte del acceso a la justicia de las víctimas, explicó que resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, pues a pesar de que se encuentra en el supuesto de excepción del numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó un recorte del 75% de su presupuesto.
{username} (@CEAVmex) June 2, 2020
Esta reducción asciende a 139.4 millones de pesos; acusó que la decisión de Hacienda se tomó sin considerar que la CEAV tiene la obligación de garantizar, promover y proteger a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
“La Comisión refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”.
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Impacto en víctimas por reducción a la CEAV
La Comisión Ejecutiva enlistó los impactos que el recorte del 75% de su presupuesto tendrá en las personas víctimas; una consecuencia será que perderán el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
- Área de traslados desaparece: 9 mil 862 traslados anuales para víctimas que acuden a audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.
- Asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales también desaparecen.
- Reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
- No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
- Más de 7 mil 200 víctimas que son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
- Área jurídica no podrá defender al Estado mexicano en los 453 juicios de amparo, con lo que la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias.
- Se consumirá rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por lo que no habrá recursos para ayudar a víctimas con alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
“También quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros”.
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Asimismo será imposible atender las solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable y la Oficialía de Partes no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones; con el ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.
La CEAV reiteró que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.
En estos días, casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los ante la falta de recursos para pagarles; tan solo este 1 de junio, 100 colaboradores fueron notificados sobre la falta de dinero para cubrir su nómina.
La Comisión ya no tiene recursos para pagar la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país.