México.- El abogado Diego Fernández de Cevallos dijo que si alguien cree que él o el alcalde de Colón en Querétaro, Alejandro Ochoa, incurrieron en algún falta a la ley por lo de la supuesta deuda predial de alrededor de mil millones de pesos por el rancho El Estanco, que los demanden.
Luego de que excandidato presidencial por el PAN llegó a un acuerdo con las autoridades municipales y pagó 12 mil 763 mil 239.68 pesos, exhortó a través de su columna en Milenio que en lugar de difamar a través de medios de comunicación, interpongan una demanda como indica la ley.
“No debe de quedar como una difamación, una calumnia o como un linchamiento mediático… Yo invito y reclamo a mis acusadores que tenga el valor de llevar esa imputación ante las autoridades competentes”.
Diego Fernández de Cevallos
El alcalde de Colón había informado que Fernández de Cevallos tenía una deuda predial acumulada por 26 años de 900 millones de pesos por el rancho El Estanco. En columnas y entrevistas, dijo que ya se había puesto en comunicación con autoridades municipales y no iba a decir nada hasta que se solucionara.
Predio estaba establecido como fraccionamiento
Cevallos aclaró, en su espacio en el diario, que la propietaria de ese lugar no es él, sino su hija Claudia.
Dijo que este rancho dedicado a la agricultura y ganadería fue comprado hace 40 años por una sociedad anónima. Posteriormente obtuvo una licencia para construir un fraccionamiento, y aunque éste nunca se construyó, se estafó vendiendo casas “imaginarias”.
El predial nunca se pagó y se siguió acumulando como si el lugar fuera un desarrollo urbano, por eso la cantidad de casi mil millones de pesos en multa.
Cevallos explicó que tras un acuerdo conforme a la ley entre él, su hija y las autoridades municipales, se acordó pagar cinco años de adeudo como si fuera un fraccionamiento; a cambio, el predio cambiará de categoría para uso de agricultura y ganadería.
“Si alguien considera que mi hija o yo o el alcalde o todos juntos cometimos una fechoría y hemos incurrido en un delito, ellos tienen la obligación legal de llevar este asunto a los tribunales para que seamos juzgados”.
Diego Fernández de Cevallos