México.- Por el uso excesivo de la fuerza de elementos del Ejército, que derivó en la muerte de un comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como a las fiscalías federal y estatal que realizaron una inadecuada investigación del caso.

Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2014, cuando militares accionaron sus armas contra la víctima, sin antes utilizar acciones de disuasión o persuasión como identificarse por medio de los vehículos que tripulaba, con torretas o altavoces, por lo que la Comisión los acusó de incumplir con lo establecido en su manual del uso de la fuerza.

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También, la CNDH aseguró que los integrantes del Ejército no contaban con capacitación, adiestramiento en el uso de la fuerza ni coordinación con autoridades civiles para evitar confusiones o enfrentamientos innecesarios.

Señaló que no recolectó los indicios, y que no hubo concordancia en cuanto al aseguramiento de armas del personal militar involucrado pues al principio resguardaron 16 armas de fuego y, 26 días después, la Sedena presentó otras 6 que portaban  el día de los hechos, lo que genera incertidumbre en el esclarecimiento del caso.

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Tampoco se aseguró al personal militar ni se preservó el sitio de los hechos. Después, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando atrajo el caso, omitió realizar los estudios periciales, entre ellas comparar el proyectil del cuerpo de la víctima con las armas aseguradas.

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Al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, se le pide colaborar en la queja contra los elementos del Ejército; y a la Fiscal continuar con la averiguación previa del caso y colaborar con la denuncia contra el personal que participó en la investigación, lo mismo para los elementos estatales.