Ciudad de México.- El 21 de marzo pasado, el gobierno federal dio a conocer que en las aguas del Alto Golfo de California continúan con vida un estimado de entre 10 y 15 vaquitas marinas, el único mamífero marino endémico de México que, como demuestran las cifras señaladas, se encuentra en riesgo inminente de extinción.
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Estimaciones de organizaciones involucradas en tareas de rescate de la especie así como científicos que desde hace años han enfocado sus estudios en labores para evitar la desaparición del pequeño mamífero, refieren que si la situación que ha puesto contra las cuerdas -o redes- la existencia de las vaquitas continúa sin alteración, en junio próximo la subsistencia de la especie se definirá.
Los factores que tiene ante dicho escenario a las vaquitas son variopintos, sin embargo todos ellos parten desde un mismo punto: los buches del pez totoaba, una vejiga natatoria que debido al valor monetario que puede alcanzar en el mercado y al proceso ilegal por el que debe atravesar para “producirse”, muchos han atinado en apodarlos como la “cocaína del mar”.
Extinción de la vaquita, daño colateral del buche
Pero ¿cómo es que la pesca de una especie cuya subsistencia no se encuentra en urgente riesgo, pone en peligro fatal la existencia de otra?
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Al sur del municipio de Mexicali, Baja California, se ubica el puerto de San Felipe; al sureste, el Golfo de Santa Clara, Sonora y en medio de ambos, el último refugio del mamífero marino en mayor riesgo del mundo. Aguas en las que no son las únicas inquilinas, pues conviven con delfines, tiburones, ballenas, leones marinos y la codiciada especie, los peces totoabas.
Entre las redes de enmalle que habitantes de la región despliegan en el Alto Golfo para extraer a las totoabas, no solo son éstas las que terminan atrapadas, sino que debido a su forma, las vaquitas que llegan a caer en ellas, lo hacen sin que tengan posibilidad alguna de escapar.
Tras una investigación encubierta que se extendió por 14 meses -en la que participó un exagente del FBI, Sea Shepherd y la organización Elephant Action League (EAL)-, encabezada por Andrea Crosta, se develó la existencia de los llamados “cárteles de la totoaba”, no otra cosa que organizaciones criminales en las que confluyen tanto grupos delincuenciales de China, como células del crimen organizado mexicano que trabajan por un mismo fin: la captura ilegal de este pez que, de acuerdo a tradiciones y creencias orientales, su buche posee poderes curativos y provee además potencia sexual.
El eslabón más débil de la cadena
Azuzados por los “cárteles de la totoaba”, habitantes de la región reciben únicamente por salir a pescar -aun cuando en sus redes no caiga ninguno de los deseados peces-, 100 dólares al día.
Un obrero del mar que dio su testimonio para un reportaje de la cadena de noticias CNN, reveló que durante los inicios de la “fiebre del oro”, en un solo día de trabajo llegó a embolsarse 116 mil dólares.
La promesa del copioso dinero que saltaba desde el mar hasta los bolsillos, llevó una bonanza inusitada a la región del Alto Golfo. Entonces, albañiles, carpinteros y demás practicantes de otros oficios, se lanzaron a las aguas en naves muchas veces improvisadas en busca del oro. Fue así como el océano terminó inundado de las redes mortales para la vaquita.
Las acciones de las autoridades
Debido a la veloz disminución de ejemplares de la vaquita, las autoridades federales entonces encabezadas por Enrique Peña Nieto, determinaron en el año 2015 aplicar una medida que resultó desde diferentes puntos de vista impopular: prohibir todo tipo de pesca en la región.
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En aras del rescate de la especie, la estrategia fue acompañada de un programa de estímulos monetarios para que los pescadores de Santa Clara y San Felipe -cuya actividad representa su única fuente de ingreso-, no quedaran a la deriva.
Sin embargo, la cantidad era el equivalente a la mitad de lo que un pescador dedicado a la búsqueda de totoabas recibía en 30 malos días. Las cruzadas en busca de los buches -que pese a que ningún estudio afirme que otorgan potencia sexual, son considerados bienes especiales-, continuaron como actividades ilegales.
Como en todo proceso productivo que no se encuentra bajo el amparo de la ley pero es impulsado por el dinero, el brillo de este oro que emerge de los océanos, “cegó” a las autoridades que hacen como que no ven.
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Desde el despliegue de las acciones para proteger a las vaquitas, en la zona del Alto Golfo se mantienen elementos de seguridad en vigilancia activa de las aguas para evitar que las redes de enmalle se lancen al mar. De acuerdo a lo señalado en 2017 por el almirante Romel Ledezma, de la Secretaría de Marina para Noticieros Televisa, en la región se encontraban 300 elementos para impedir la búsqueda de totoabas.
Y la pesca continuó.
Más aun cuando el actual gobierno anunció la aplicación de la Iniciativa de Sustentabilidad del Alto Golfo de California, en la cual se excluyó la repartición de apoyos monetarios que se daba a pescadores con la intención de incitarlos a no salir a la mar.
“La vaquita es la ruina”
Para los pobladores de San Felipe y Santa Clara, muchos de los que afirman nunca haber visto una vaquita marina, la especie es la responsable de la crisis social que ha traído consigo episodios de violencia e inseguridad en las comunidades.
Las 15, 10, 6 o 2 que quedan, se encuentran ante el riesgo que aparenta ser inaplazable, de morir atrapadas entre las redes tejidas por el poder del dinero, la corrupción, la inacción, el crimen organizado y el desinterés generalizado.
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En julio de 2018, como respuesta a una demanda presentada por grupos conservacionistas, la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump, prohibir las importaciones de pescados y mariscos de México que son capturados con redes en las que mueren atrapadas las vaquitas. Desde entonces, el sector productivo recibió un golpe al dejar de percibir las ganancias provistas por la compra de camarones capturados con redes agallaras por parte de Estados Unidos.
“Si se extingue la vaquita marina, podría caer sobre México un embargo pesquero de Estados Unidos que generaría muchísima pobreza en las costas, impactaría el crecimiento del PIB, golpearía a las empresas del sector e implicaría menor recaudación para el gobierno federal”, advierte el periodista que ha seguido de cerca el caso, Carlos Loret de Mola.