Tras la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Fiscalía General de la República (FGR) centró su investigación del caso por lavado de dinero a su familia, un empresario y cuatro compañías.
Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en contra el Gerardo Ruiz Esparza por presuntos actos de corrupción como titular de la SCT, el año pasado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR abrió una carpeta de investigación en su contra.
No obstante, dado que Gerardo Ruiz Esparza murió el pasado 1 de abril de 2020, la Fiscalía decidió dictar el no ejercicio de la acción penal por lo correspondiente a su persona, además de solicitarle a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atraer el caso, por ser un delito de su competencia.
En la indagatoria realizada por la UIF, las denuncias involucran a la viuda de Ruiz Esparza, María del Rocío Dosal Noriega, y a sus hijos Gerardo y Karla Ruiz Dosal. Cabe recordar que Gerardo Ruiz Dosal fue secretario particular de Jesús Murillo Karam en la anterior Procuraduría General de la República (PGR).
La UIF investiga a cuatro empresas relacionadas con Ruiz Esparza y la "Estafa Maestra"
La denuncia interpuesta también contempla a Víctor Manuel Gómez Rodríguez, así como a las empresas Bay View S. A. de C. V.; Controladora de Negocios S. A. de C. V.; Compu Draz Comercializadora S. A. de C. V., y Asesores Contables Administrativos VICMA, S. A. de C. V.
De las cuatro empresas señaladas, dos presuntamente son “empresas fachada” y fueron usadas para simular contratos o triangular recursos desviados en la llamada "Estafa Maestra".
Una de ellas es Compu Draz Comercializadora, la cuál se encuentra dentro de las 15 compañías fachada que sirvieron para retirar 708 millones de pesos en efectivo, provenientes de contratos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, de 2014 a 2017, cuando estaba a cargo de Rosario Robles.
En tanto que la otra empresa fachada: Asesores Contables Administrativos VICMA, fue subcontratada por la cantidad de 185 millones 839 mil 480 pesos gracias a un convenio que la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, tenía con la Sedatu.
Mientras que Víctor Manuel Gómez Rodríguez fue contratado para automatizar una base de datos generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero; no obstante, la investigación de la FGR verificó que nunca se realizó dicho trabajo.