México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles de ser omisa ante diversas irregularidades y desvíos que causaron un daño a la Hacienda Pública de más de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, durante su gestión al frente de la Sedatu y la ahora extinta Sedesol. 

De acuerdo con el portal Animal Político, la FGR busca imputar a Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público, mismo que señala por omisión debido a que no actuó sobre reportes de irregularidades en las dependencias ni informó a un superior sobre los supuestos esquemas de defraudación implementados. 

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La exfuncionaria federal arribó la mañana de este jueves 8 de agosto al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para comparecer por un citatorio girado en su contra. 

La audiencia inicial entró en un receso de 2 horas minutos antes de las 15:00 horas, luego de que la defensa de Robles, integrada por 6 abogados, solicitó a la fiscalía realizar un determinado número de precisiones en torno al caso. 

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El Ministerio Público Federal informó que al menos tres colaboradores de la exfuncionaria le informaron de las inconsistencias en el manejo de recursos entre los años 2014 y 2018, tanto de manera verbal como por oficio. 

Sin embargo, jamás se dio respuesta o seguimiento a los reportes. 

Las irregularidades se concentran en 27 contratos que la Sedatu y la Sedesol firmaron con universidades públicas y sistemas de comunicación para "servicios no requeridos y mucho menos prestados", de acuerdo con las declaraciones de los fiscales. 

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, no existen registros ni comprobantes de que los servicios contratados para las universidades se hayan completado o, en algunos casos, siquiera iniciado.

Acusa abogado de Rosario Robles "acto desleal" por parte de la Fiscalía

Para formular la imputación, la FGR recabó los testimonios de tres excolaboradores de Rosario Robles: José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y Sedesol.  

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Los testigos se acogieron al beneficio del "criterio de oportunidad" y revelaron que, en 2014, el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, se reunió con su jefa para señalarle los actos de corrupción detectados durante la revisión de gestión de recursos, pero no obtuvo respuesta. 

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el abogado Julio Hernández Barros, acusó un "acto desleal" por parte de la Fiscalía, que aparentemente entregó hasta esta mañana un testimonial recabado desde el 14 de mayo del que la defensa no tenía conocimiento. 

Con información de Reforma y La Jornada