México-. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que se iniciará una investigación en contra de Pío López Obrador, hermano de AMLO y David León Romero por los videos de 2015 donde se observa la entrega de casi 2 millones de pesos en efectivo.
En declaraciones al diario El Financiero, el funcionario federal confirmó que se revisará la situación de los videos dados a conocer anoche, así como aquellos filtrados hace unos días donde aparecen asesores de la bancada del PAN recibiendo maletas llenas de billetes de 200 y 500 pesos, como parte de supuestos sobornos entregados para la aprobación de la Reforma Energética entre 2013 y 2014.
De la misma forma, Nieto Castillo precisó que se revisará también la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de resolver si alguno de los ilícitos mencionados obedece al marco de competencia de la dependencia que encabeza.
"No podemos tener distingos entre un grupo y otro. La coherencia del presidente López Obrador en eso es incuestionable. Lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparecieron en los videos, por un lado, y en el documento que el señor Lozoya presentó"
Santiago Nieto
Por la mañana, el presidente AMLO dijo que se enteró hace unos días de la existencia de los videos, debido a que el propio León Romero le confesó que estaban a punto de ser revelados.
En su conferencia mañanera, el mandatario federal dijo que no guarda ningún compromiso de impunidad y que si bien los recursos fueron "aportaciones" para el movimiento en 2015, es procedente que la FGR abra una investigación sobre el caso. López Obrador dijo que él mismo estaría dispuesto a declarar, en caso de ser requerido, y aconsejó a su hermano y excolaborador no tramitar algún tipo de amparo debido a deben tener la conciencia tranquila.
Por su parte, diputados del PAN dieron a conocer que ya preparan una denuncia formal por los videos y aseguraron que, al menos, podrían configurarse los siguientes delitos: peculados, peculado electoral, desvío de recursos públicos, defraudación fiscal, financiamiento ilícito a campañas, asociación delictuosa y lavado de dinero.