México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera favorable y por unanimidad un amparo a favor de Mexicanos Primero en contra del desvío de recursos del presupuesto educativo para el pago de los comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En febrero de 2013 el brazo jurídico de esa organización interpuso un amparo para que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la Cámara de Diputados tomaran medidas pata frenar el desvío de recursos educativos.

En 2009 y 2010, según documentos presentados por la organización, fueron desviados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (educación básica y normal en los estados) para pagar el salario de maestros comisionados al SNTE o distintas prerrogativas que los estados entregan al gremio magisterial.

La SCJN resolvió esta tarde que se encontraron cuatro elementos irregulares en el FAEB: pagos indebidos a trabajadores por 1,216 millones de pesos; pagos no vinculados con los objetivos del fondo por 986.6 millones de pesos; pagos posteriores a la fecha de baja o durante las licencias sin goce de sueldos a empleados por 200.9 millones de pesos; y 191.3 millones de pesos destinados para el pago de compensaciones a empleados comisionados.

El diseño jurídico del amparo fue iniciativa de Luis M. Pérez de Acha, José Roldán Xopa, Antonio Ibarra de Rueda y Julio Amavizca Espinoza, producto de la experiencia obtenida en dos amparos previos: #YoContribuyente, promovido por un grupo de 19 académicos e intelectuales contra la condonación de ISR a estados y municipios; y Causa en Común contra el desvío de recursos públicos destinado a seguridad pública.

El fallo en ambos amparos fue desfavorable, pero dejaron grandes lecciones que ahora se han materializado en el de Mexicanos Primero.

Este amparo fue presentado bajo la figura de ?el interés legítimo; su aceptación abre la puerta para que organizaciones de la sociedad civil puedan promover amparos para proteger derechos sociales y combatir la corrupción.

?Es una decisión histórica y revolucionaria que abre la posibilidad a los ciudadanos de combatir la corrupción y exigir cuentas accediendo a recursos jurídicos como el amparo para combatir la opacidad y la corrupción en el manejo de nuestros impuestos?, señaló Pérez de Acha.

Con información de El Norte y El Semanario