México.- Alejandra Sota Mirafuentes quien fuera vocera de Felipe Calderón Hinojosa, firmó con el gobierno federal un contrato bianual de 20 millones de pesos para realizar estudios de opinión para el SAT.
La exfuncionaria cobra cada mes, más de 800 mil pesos, mientras pregunta a los mexicanos ¿cómo perciben la recaudación de impuestos por parte de la SHCP?, su cliente es el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
La licitación obtenida por Sota es turbia, señala un artículo publicado por Álvaro Delgado para la revista Proceso, pues el SAT, cuyo titular es Aristóteles Núñez Sandoval, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Luis Videgaray.
Sota, Calderón y Videgaray son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la primera estaba siendo investigada precisamente por favorecer a amigos egresados de dicho instituto y porque se fue a estudiar a la Universidad de Harvard, donde fue admitida pese a carecer de un título universitario.
La empresa de Sota ganó la licitación a otra tres empresas, que son de exempleados suyos, quienes han favorecido a amigos mutuos mediante sus cargos públicos con asignaciones millonarias.
Sota firmó el contrato en octubre del año pasado y desde entonces percibe 883 mil pesos mensuales, cuatro veces más que los 203 mil que recibía bajo la administración calderonista.
La empresa en cuestión es Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V. donde Sota es la accionistas mayoritaria con el 70 por ciento de las acciones, mientras Maira Yazmín Colín García, su subordinada cuando ejercía como funcionaria pública y quien posee el 30 por ciento restante, además de fungir como representante legal de la compañía.
Colín García es a su vez, accionista en Dinamia Consultores S.C. que dirige José Omar Gutiérrez Bayardi, otro subordinado de Sota mientras fungía como titular de la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.
Además otras dos empleadas de Sota, Beriana Mendoza Andreu y Selene González Terrones integran Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas S.A. de C.V., todas las cuales se dedican a los estudios de opinión.
Las últimas son amigas de Sota desde que estudiaba Ciencias Políticas en el ITAM y a las que incorporó cuando Calderón la integró en su gabinete.
Las tres empresas, emparentadas por su amistad, participaron en la licitación que convocó el SAT el año pasado y se fundamentó en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, según la cual el procedimiento debe invitar al menos a tres personas, a las cuales se sumó Técnicos Encuestadores de Campo S.A. de C.V. que es propiedad de Fernando Hernández Cano, quien durante el calderonismo acumuló contratos por 41 millones de pesos por llevar a cabo estudios de opinión.
La licitación fue una simulación, asegura el reportaje, la gran finalista fue Sota quien firmó un contrato de 19 millones 755 mil 728 pesos, pese a que su propuesta económica no se encontraba foliada y por ende, legalmente debería haber sido desechada, sin embargo, la administradora de Recursos Materiales del SAT, Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, no validó la anomalía.
No sólo eso, Sota tiene en su cartera de clientes al gobernador Eruviel Ávila Villegas de extracción priista.
Revés en EU por demanda contra periodista
La Secretaría de la Función Pública investigaba a Sota porque ejercía sin estar titulada y brindaba contratos a sus amigos, aunque jamás se informó el resultado debido a que Virgilio Andrade, quien preside la SFP y es egresado del ITAM, puso al cónyuge de Sota, Benjamín Hill Mayoral como titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Sota fue evidenciada por la primera emisión de Noticias MVS, que dirigía entonces Carmen Aristegui, porque coordinaba un grupo de amigos itamitas que se coludieron para ocupar cargos públicos a lo largo del sexenio calderonista.
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Adicionalmente, una corresponsal del medio, Dolia Estévez publicó en Forbes un reportaje donde incluyó a los 10 mexicanos más corruptos, mismo que publicó en diciembre de 2013 y el cual derivó en una demanda de Sota contra la periodista ante una corte en EU.
Sin embargo, a penas el 30 de noviembre el juez Liam O’Grady de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos, argumentando que la propia Sota admite ser investigada en México por corrupción y porque al tratarse de un asunto de percepción, la afirmación se hace desde una postura subjetiva.
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"La aserción de que Sota era percibida entre los mexicanos más corruptos en 2013 no puede ser objeto de demanda porque no es objetivamente verificable y porque conlleva una aserción subjetiva", puntualizó el juez.
Por ende no hay manera objetiva de probar si es o no percibida como una de las personas más corruptas en México, además de que la periodista ofreció una base factual y únicamente establece su opinión sobre un asunto, concluye el reportaje.