México.- Se aprobó en lo general y en lo particular en el Senado de la República la Ley de Austeridad Republicana, la cual pone límites al gasto y determina que los ahorros que se obtengan se destinarán a los programas del Plan Nacional de Desarrollo, a lo que por decreto determine el Ejecutivo.

La aprobación vino, luego de una discusión en el pleno de alrededor de 13 horas y a pesar de que algunos legisladores de oposición, amagaron con buscar impugnar la iniciativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Los senadores avalaron sin modificaciones la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones.

Destacan los objetivos de la ley

El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, destacó algunos de los objetivos de la ley:

- Eliminar privilegios como seguros privados de vida o separación individualizada o colectiva.

- Engrosamiento del aparato democrático sin crear nuevas plazas.

- Limitar el uso de bienes inmuebles y muebles.

- Limitar la pensión de retiro para presidentes.

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Oportunidad de marcar la historia

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera señaló que “hoy tenemos la oportunidad nuevamente de marcar historia. 

Comentó que así se camina hacia delante de una patria que cobije a todos con justicia, con mesura y responsabilidades.

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Advierten con impugnar la ley

En tanto, el senador Samuel García advirtió que buscarán impugnar la ley, porque contiene 11 tópicos inconstitucionales… No obstante, comentó que su partido, Movimiento Ciudadano, votó a favor de la minuta en lo general.

De acuerdo con el legislador, entre los temas que violentan la Constitución están el levantamiento del velo corporativo, así como el uso de anglicismos y la prohibición para que los funcionarios públicos puedan ocupar cargos en la iniciativa privada tras dejar el cargo, que pasó de 5 a 10 años.

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García reprochó que en la ley aparece cuatro veces el término software, pese a que la jurisprudencia de la SCJN señala que las leyes mexicanas no pueden contener anglicismos.