México.- Diputados del PVEM y cinco de Morena presentarán la iniciativa para violadores, feminicidas y homicidas por dolo sean condenados con la pena de muerte, debido a los más recientes casos como el de la joven Ingrid Escamilla y la niña Fátima Cecilia.
La iniciativa, que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria de este 25 de febrero, propone la modificación de los artículos 18, 22 y 29 de la Constitución y adicionar un párrafo al 94, para que se le quite la prohibición a este tipo de pena que en México es ilegal desde 2005.
Según los legisladores, este castigo sería efectivo porque en México agravar las penas o imponer cadena perpetua no ha disminuido los delitos de violación, feminicidio y homicidio doloso, por lo que el Estado debe de castigar “con la severidad que se merecen” y medidas “drásticas”.
Su iniciativa menciona que en Estados Unidos en 2001 se publicaron estudios que demuestran que la pena de muerte tiene efectos en la incidencia del delito.
“Si cometer un delito como el asesinato puede llegar a costarle la vida a quien lo comete, éste lo pensará dos veces antes de atentar en contra de la vida de las personas”.
Iniciativa de PVEM y Morena
Los legisladores dijeron que en estos momentos las mujeres, niñas y niños están en “gran vulnerabilidad”, y las autoridades no están cumpliendo con la obligación de protección ante “sanguinarios criminales capaces de cometer las peores infamias”.
Recordaron los casos más recientes casos de los feminicidas de Ecatepec, Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal; y a Óscar “N”, quien presuntamente mató a cuatro mujeres y dos hombres. Así como a las víctimas “Calcetitas rojas”; Valeria, la niña que violaron y mataron en Nezahualcóyotl; Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia.
La bancada del PVEM y cinco de Morena: Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, son quienes promueven esta medida.
¿Por qué la pena de muerte no es la solución?
Organizaciones sociales en todo el mundo han manifestado que la pena de muerte no es la solución para la baja de incidencia de delitos.
Amnistía Internacional afirma que este castigo es un “fracaso” para hacer a la sociedad más humana en la que se da prioridad a la venganza, no tiene efecto disuasorio, es irreversible en caso de que haya sido un mal proceso legal y es inmoral.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresa que es una violación a los derechos humanos, hace poco por las víctimas y siempre puede haber un error judicial.