México. - La propuesta por medio de la cual se buscaba facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que durante el próximo año, auditores pudieran tomar fotos y videos en inspecciones domiciliarias, fue desechada de manera unánime por todos las fracciones parlamentarios durante sesión en el pleno del Senado de la República.

Durante los trabajos en la noche de este miércoles 29 de octubre en el Senado, los legisladores aprobaron echar para atrás los artículos 45, 69 y 137 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que buscaban añadirse al dictamen en materia de Miscelánea Fiscal 2021.

De esa forma, fue rechazada la posibilidad de que se incluyera el texto con el cual se pretendía facultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que sus auditores recurrieran al uso de herramientas tecnológicas para recabar imágenes que sirva como constancia de la notificación personal.

En la discusión, la integrante de la bancada del PRI, Nuvia Mayorga indicó que la posibilidad de que los funcionarios del SAT pudieran tomar fotografías y videos en los domicilios, generaba preocupación, pues se podría incurrir en excesos.

“Se trataba de una reforma mucho muy excesiva. Usar grabadoras y cámaras era darle herramientas al SAT que ahora fungiría como agencia de espionaje”

Nuvia Mayorga

En el mismo tono crítico, el legislador del PRD, Miguel Ángel Mancera señaló que el uso de dispositivos durante las visitas representaba una acción que iba en contra de la misma Constitución, por lo cual con la eliminación de la propuesta, agradeció que los senadores de Morena hayan reculado en sus intenciones.

En tanto, la panista Minerva Hernández también reconoció la postura de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, pues aplaudió que hayan cambiado su posición ante la medida que definió como “excesiva, desproporcionada e intimidatoria”.

Finalmente, la senadora de Morena Rocío Abreu apuntó que la iniciativa buscaba hacer frente a la evasión fiscal, pero reconoció que podría tratarse de una medida que violaría derechos o garantías de los ciudadanos, por lo cual consideró adecuado que se haya dado marcha atrás.