México.- La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) por la filtración de información publicada este 20 de enero.

A través de un comunicado, la Comisión se pronunció sobre la información publicada en el periódico Reforma sobre el caso Ayotzinapa; además de la demanda, condenaron la filtración porque busca demeritar los trabajos desarrollados en la investigación.

“[También] la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”.

Comisión para la Verdad

Filtran declaración de testigo protegido en caso Ayotzinapa

El medio mencionado publicó que un testigo protegido dijo a la FGR que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías e integrantes de grupos del crimen organizado; que fueron más de 70 personas las detenidas y que también confirmó que los alumnos fueron interrogados en el 27 Batallón del Ejército.

Según el diario, el testigo protegido sería un presunto líder de Guerreros Unidos, de quien sus declaraciones habrían derivado en la detención del militar José Martínez Crespo y 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados. El testigo habría señalado a Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas; también mencionó que sembraron restos en el basurero de Cocula para la “verdad histórica”.

Sobre lo anterior, por su parte organizaciones civiles que acompañan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos lamentaron la filtración de información por el daño que pueda hacer a la investigación y el dolor generado a las familias de las víctimas.

Señalaron que los datos revelados evidencian una red de criminalidad que participó en la desaparición de los estudiantes, incluidos policías municipales, funcionarios estatales, federales y militares, aunque pidieron no llegar a conclusiones y que se agoten todas las líneas de investigación hasta no esclarecer el paradero de las víctimas y que los responsables sean sancionados.