Ciudad de México.- Pese al llamado de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales para ejercer su facultad de veto, el presidente Enrique Peña Nieto publicó esta tarde la Ley de Seguridad Interior en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que la normativa entrará en vigor a partir de este viernes 22 de diciembre. 

La publicación fue realizada en la edición vespertina del Diario, apenas unos minutos después de que Peña Nieto confirmara su aval al polémico proyecto y solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar su contenido para determinar su constitucionalidad, en atención a las denuncias de organizaciones civiles sobre posibles violaciones de derechos humanos y garantías. 

"En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete", se lee en la parte final del documento que puede consultarse en el portal del DOF. 

El colectivo #SeguridadSinGuerra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros, fueron algunas de las organizaciones que exigieron el freno a la iniciativa desde que se inició su discusión en las cámaras del Congreso de la Unión. 

La ahora ley, promovida, respalda y aprobada por PRI, PVEM y algunos legisladores del PAN, establece un marco jurídico para la intervención de elementos de las Fuerzas Armadas ante situaciones que pongan en riesgo de Seguridad Interior de determinada zona, sea un desastre natural o amenazas de grupos delincuenciales. 

Pese al rechazo del gobierno federal de que con la Ley se abran las puertas a una posible militarización del país, las principales observaciones de activistas y académicos se centraron en la facultad otorgada al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que ordena el desplazamiento de tropas a determinadas zonas para atender una "amenaza". Aunque en el documento se descarta que la movilización pueda encausarse en contra de manifestaciones políticas pacíficas, la ambigüedad en la redacción del texto ha generado incertidumbre entre quienes se oponían a su aprobación. 

Previo a publicar el decreto, el presidente aseguró que no recurrirá a las facultades de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las controversias generadas alrededor de la normativa.