Tras un procedimiento de responsabilidades, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este martes que inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, detalló que la sanción hacia el extitular de la Conade se deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que Alfredo Castillo faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Cuentas bancarias de Alfredo Castillo sumaba 18 millones 300 mil pesos

En el mismo sentido, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP inició un procedimiento administrativo sancionador y determinó que Alfredo Castillo omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total sumaban más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”

SFP

La SFP explica que el procedimiento sancionador contra Alfredo Castillo es parte de los 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

La SFP recuerda que la declaración patrimonial “es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público”.

Finalmente, la SFP agrega que “la nueva ética pública que está construyendo el gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.