México.- Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dicha iniciativa pretende prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en los sectores público y privado, que al año cuestan a nuestro país 1.5 billones de pesos.
De esta manera, se otorgan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que fiscalice prácticamente en tiempo real el uso que se le da a los recursos público.
Asimismo, se le obliga a la ASF, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Comité de Participación Ciudadana una plena coordinación para combatir con mayor eficacia este flagelo.
Al entrar en vigor esta normativa, los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses; el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) será propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Senado; además, la prescripción de sanciones administrativas graves, se amplía de tres a siete años.